El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el jefe de la Policía Nacional y dos juristas fustigaron ayer la decisión del juez del tercer juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, de dejar en libertad a ocho personas, incluyendo al presunto sicario Miguel Alfonseca Soto, implicados en la ejecución de 12 personas, y de herir a otras siete en distintos barrios de la capital.
López Rodríguez consideró penoso en la actual situación de conmoción que se vive en el país por el desastre ocurrido con el terremoto en Haití, que algunos jueces se despachen con sentencias discutibles y reprochables.
“Es preferible que se aguanten un poco hasta que las cosas se normalicen”, estimó al referirse a la decisión del magistrado René del Rosario.
“Es una pena que mezclemos estas cosas, es preferible que los jueces se aguanten un poquito con las sentencias que no son solo discutibles, sino reprochables, y ya hemos dicho mil veces que no estamos de acuerdo con muchas cosas del Código Procesal Penal, por consiguiente, que no añadan más cosas de las que estamos sufriendo ya”, dijo el Arzobispo de Santo Domingo al ser entrevistado por LISTÍN DIARIO a su salida del telemaratón que se realizó ayer en Color Visión, dedicado a los miles de fallecidos haitianos.
El Cardenal reprochó que estas cosas ocurran, en momentos en que los dominicanos están preocupados por lo que ocurre en Haití. Explicó que la sociedad dominicana no quiere más hechos perturbadores, “y ese es un elemento que no entra en este asunto ahora”.
López Rodríguez fue entrevistado sobre la decisión tomada por el juez Del Rosario, quien dejó en libertad a diez personas vinculadas a la matanza, incluyendo a Alfonseca Soto, Miguel Ángel Matos, Joel Bautista y otros supuestos miembros de una banda criminal.
Para el Cardenal, el problema es del Código Procesal Penal, texto legal del cual dijo que se ha criticado muchas veces por las debilidades que posee.
Entre los asesinados se encuentran Ramón Paulino Valdez, Carlos Manuel Vicente Rivas, Heibin Noel Díaz y Juan Díaz Serrano, cuyos cadáveres fueron lanzados en el kilómetro 29 de la autopista Duarte.
El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el doctor Vinicio Castillo Semán y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, condenaron la decisión del juez.
Guzmán Fermín advirtió que con la decisión, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, René del Rosario, puso por el suelo una ardua labor de investigación de agentes policiales, quienes arriesgaron sus vidas para desmantelar una banda que se dedicaba al sicariato en el país. Empero, el jefe policial dijo respetar la decisión del juez interino que dispuso la libertad, además, de Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.
“Yo respeto la decisión de los magistrados, encabezado por Jorge Subero Isa, pero condenó el fallo de ese juez suplente que ha echado todo por el suelo, que debió pensar en los familiares de los cinco jóvenes que fueron ejecutados”, expresó Guzmán Fermín, tras concluir la misa que cada domingo se oficia en la sede de esa institución.
Sostuvo que no hay palabras para definir el pesar de la Policía, al ver que un juez pone en libertad a un delincuente al que se perseguía desde hace tres meses.
Se preguntó, ¿qué dirá la sociedad dominicana de que ese juez haya aprovechado que la opinión pública estaba centrada en la tragedia de Haití para tomar una decisión de esa naturaleza?, que deshonra a quien la hizo. “Qué pasará en el país cuando las bandas rivales se sigan matando entre ellas, de quién será la responsabilidad social de esos muertos, será de la Policía, o de quien firmó su sentencia”, precisó.
A lamentar la decisión, Vidal Potentini reconoce que aunque el juez de la instrucción ha tomado la decisión dentro de sus facultades, debió ser más prudente a la hora de adoptar el fallo.
Consideró que algunos jueces están dando una pésima administración de justicia con la facultad discrecional que tienen a la hora de imponer medida de coerción a los involucrados de cometer un hecho delictivo.
CASTILLO SEMÁN DICE DESMORALIZA POLICÍA
De su lado, Castillo Semán sostiene que la decisión del juez de la instrucción de poner en libertad a los imputados en el hecho, viene a confirmar que el Código Procesal Penal es un instrumento al servicio del crimen en el país.
Consideró que esa ley ha facilitado que peligrosos delincuentes y criminales obtengan su libertad en horas o días después de haber cometido hechos graves.
“Soltar a sicarios, a gente que está acusada de cometer crímenes graves es incentivar la industria del crimen por paga y suprimir vida humana a cambio de dinero, es imperdonable”, acotó Castillo Semán.
Destacó que la decisión del juez de dejarlos en libertad desmoraliza a la Policía y a los agentes encargados de perseguir el crimen, quienes arriesgan sus vidas después de hacer una investigación exhaustiva, pero ven a las pocas horas a la misma persona que apresaron andando en la calle, incluso con la capacidad de tomar represalia o venganza.
Dijo que es imperdonable la dilación del Congreso Nacional y de las autoridades judiciales en abocarse a la modificación del Código Procesal Penal, tal como lo ha reclamado la Iglesia Católica y las fuerzas vivas de la nación. “Este es un tema no que aguanta más aplazamiento”, añadió Castillo Semán.