Ginebra.- La escasez de gasolina en Haití se hace cada vez más acuciante y constituye un obstáculo para las operaciones de ayuda humanitaria en las zonas del desastre, dijo hoy la ONU, que señaló que ya se han establecido restricciones.
Según los último datos de la oficina humanitaria de la ONU, OCHA, "el precio de la gasolina se ha incrementado hasta el equivalente de 10 dólares por galón" (3,8 litros).
Ayer, domingo, la ONU pudo traer en camiones cisterna desde Santo Domingo, en la vecina República Dominicana, 10.000 galones de gasolina.
Otro de los problemas a los que se enfrenta la asistencia humanitaria es que el puerto de Puerto Príncipe sigue inservible desde el terremoto que asoló la zona el día 12 de enero.
Aunque el muelle sur está intacto, la carretera de acceso está destruida, y se espera que se puedan hacer las reparaciones a lo largo de esta semana.
Las tres grúas gigantes del puerto también quedaron inservibles, por lo que los buques que llegan son desviados hacia Cap-Haitien.
El aeropuerto de Puerto Príncipe sigue fuertemente congestionado por la avalancha de aviones con ayuda llegados de todo el mundo, y también está congestionada la carretera que lleva de Santo Domingo a Puerto Príncipe.
Fuentes de la ONU han confirmado que los convoyes son enviados ahora desde Jimani a la capital haitiana, coordinados y escoltados por la Defensa Civil dominicana y la MINUSTAH, la fuerza de estabilización de la ONU en Haití.
Aunque la distribución de ayuda está teniendo lugar, sigue siendo muy limitado para las víctimas el acceso de refugio, comida, agua y asistencia médica, y miles de personas siguen viviendo en campamentos improvisados en las plazas de la ciudad.
Las agencia de la ONU han establecido cuatro puntos de distribución de alimentos nuevos en Petionville, en dos estadios de fútbol en Delmas y en la plaza del Campo de Marte, convertida en un gigantesco campamento donde la gente se refugia bajo plásticos.
El Programa Mundial de Alimentos (PAM) ya ha distribuido hasta ayer galletas energéticas para 73.000 personas, pero la falta de gasolina, de camiones e incluso la inseguridad entorpecen esta tarea.
Otra necesidad urgente son las tiendas de campaña, pues frente a las 4.000 que ya hay en el país se requieren al menos otras 20.000.
Según la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), que centraliza la ayuda referente a refugio, se ha decidido, junto con las autoridades haitianas, organizar un asentamiento temporal para acoger a 100.000 personas, en un emplazamiento aún por decidir.
Y en las próximas semana, el objetivo final es cubrir las necesidades de alojamiento de 200.000 familias, lo que equivale a un millón de personas.
La falta de personal médico sigue, por otra parte, impidiendo la asistencia a miles de heridos.
Según OCHA, además de lo hospitales de Puerto Príncipe, los de la región fronteriza de República Dominicana ya están también saturados, y se ha empezado a reenviar a heridos a hospitales de otras ciudades.
La Cruz Roja dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han establecido un hospital de campo en Jimani, pero en todos estos hospitales falta personal, material médico y equipos.
Entre tanto, El Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (UNHAS) empezó a organizar ayer, domingo, vuelos de pasajeros y de pequeños cargamentos desde Santo Domingo a Puerto Príncipe y regreso, para facilitar el movimiento de la comunidad humanitaria.
lunes, 18 de enero de 2010
La Unión Europea elogia el papel de la República Dominicana en ayuda a Haití
BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) manifestó hoy su reconocimiento a la República Dominicana por la asistencia que presta a su vecino Haití para hacer frente a la catástrofe humanitaria que sufre tras el terremoto de la pasada semana, y le garantizó su disposición para prestarle ayuda.
"El Consejo (de ministros de la UE) elogia a la República Dominicana por el papel que está jugando en esta crisis. La UE está dispuesta a proporcionar ayuda a la República Dominicana", señala el texto de conclusiones que los responsables europeos de Desarrollo aprobarán hoy en una reunión informal convocada de urgencia para coordinar su asistencia a Haití.
Los ministros europeos acordarán hoy una nueva asignación para el país caribeño después de concederle en un primer momento 3 millones de euros en concepto de asistencia de emergencia, y de haber decidido "redirigir" parte de los fondos que le dedica habitualmente.
Según el documento de conclusiones, los responsables comunitarios subrayarán que la ayuda para la reconstrucción de Haití integrará la contribución de los socios de desarrollo de la UE y, en especial, al grupo de países ACP (África, Caribe y Pacífico) y del Cariforum, "teniendo en cuenta el posible impacto de la actual crisis en los países vecinos".
El Cariforum incluye, además de a Haití y a la República Dominicana, a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
"La respuesta de la UE debería tener en cuenta los esfuerzos más amplios de la comunidad internacional en favor de Haití", señala el texto.
El Consejo también celebró los esfuerzos de las autoridades haitianas y la sociedad civil, así como de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otros donantes bilaterales como Estados Unidos, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y las ONG que llevan la ayuda al pueblo de Haití.
Asimismo, reconoció la labor de asistencia llevada a cabo por organizaciones y de ciudadanos individuales en toda la Unión Europea.
Por el momento, las autoridades haitianas calculan que puede haber hasta 100.000 muertos por el terremoto, mientras que la gran cantidad de edificios destruidos o dañados ha dejado a cientos de miles de personas sin techo ni medios de subsistencia.
Fustigan a juez que liberó a acusados de 12 crímenes; también dejaron en libertad a Quirinito; dicen algunos magistrados dan una pésima administración de justicia
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el jefe de la Policía Nacional y dos juristas fustigaron ayer la decisión del juez del tercer juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, de dejar en libertad a ocho personas, incluyendo al presunto sicario Miguel Alfonseca Soto, implicados en la ejecución de 12 personas, y de herir a otras siete en distintos barrios de la capital.
López Rodríguez consideró penoso en la actual situación de conmoción que se vive en el país por el desastre ocurrido con el terremoto en Haití, que algunos jueces se despachen con sentencias discutibles y reprochables.
“Es preferible que se aguanten un poco hasta que las cosas se normalicen”, estimó al referirse a la decisión del magistrado René del Rosario.
“Es una pena que mezclemos estas cosas, es preferible que los jueces se aguanten un poquito con las sentencias que no son solo discutibles, sino reprochables, y ya hemos dicho mil veces que no estamos de acuerdo con muchas cosas del Código Procesal Penal, por consiguiente, que no añadan más cosas de las que estamos sufriendo ya”, dijo el Arzobispo de Santo Domingo al ser entrevistado por LISTÍN DIARIO a su salida del telemaratón que se realizó ayer en Color Visión, dedicado a los miles de fallecidos haitianos.
El Cardenal reprochó que estas cosas ocurran, en momentos en que los dominicanos están preocupados por lo que ocurre en Haití. Explicó que la sociedad dominicana no quiere más hechos perturbadores, “y ese es un elemento que no entra en este asunto ahora”.
López Rodríguez fue entrevistado sobre la decisión tomada por el juez Del Rosario, quien dejó en libertad a diez personas vinculadas a la matanza, incluyendo a Alfonseca Soto, Miguel Ángel Matos, Joel Bautista y otros supuestos miembros de una banda criminal.
Para el Cardenal, el problema es del Código Procesal Penal, texto legal del cual dijo que se ha criticado muchas veces por las debilidades que posee.
Entre los asesinados se encuentran Ramón Paulino Valdez, Carlos Manuel Vicente Rivas, Heibin Noel Díaz y Juan Díaz Serrano, cuyos cadáveres fueron lanzados en el kilómetro 29 de la autopista Duarte.
El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el doctor Vinicio Castillo Semán y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, condenaron la decisión del juez.
Guzmán Fermín advirtió que con la decisión, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, René del Rosario, puso por el suelo una ardua labor de investigación de agentes policiales, quienes arriesgaron sus vidas para desmantelar una banda que se dedicaba al sicariato en el país. Empero, el jefe policial dijo respetar la decisión del juez interino que dispuso la libertad, además, de Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.
“Yo respeto la decisión de los magistrados, encabezado por Jorge Subero Isa, pero condenó el fallo de ese juez suplente que ha echado todo por el suelo, que debió pensar en los familiares de los cinco jóvenes que fueron ejecutados”, expresó Guzmán Fermín, tras concluir la misa que cada domingo se oficia en la sede de esa institución.
Sostuvo que no hay palabras para definir el pesar de la Policía, al ver que un juez pone en libertad a un delincuente al que se perseguía desde hace tres meses.
Se preguntó, ¿qué dirá la sociedad dominicana de que ese juez haya aprovechado que la opinión pública estaba centrada en la tragedia de Haití para tomar una decisión de esa naturaleza?, que deshonra a quien la hizo. “Qué pasará en el país cuando las bandas rivales se sigan matando entre ellas, de quién será la responsabilidad social de esos muertos, será de la Policía, o de quien firmó su sentencia”, precisó.
A lamentar la decisión, Vidal Potentini reconoce que aunque el juez de la instrucción ha tomado la decisión dentro de sus facultades, debió ser más prudente a la hora de adoptar el fallo.
Consideró que algunos jueces están dando una pésima administración de justicia con la facultad discrecional que tienen a la hora de imponer medida de coerción a los involucrados de cometer un hecho delictivo.
CASTILLO SEMÁN DICE DESMORALIZA POLICÍA
De su lado, Castillo Semán sostiene que la decisión del juez de la instrucción de poner en libertad a los imputados en el hecho, viene a confirmar que el Código Procesal Penal es un instrumento al servicio del crimen en el país.
Consideró que esa ley ha facilitado que peligrosos delincuentes y criminales obtengan su libertad en horas o días después de haber cometido hechos graves.
“Soltar a sicarios, a gente que está acusada de cometer crímenes graves es incentivar la industria del crimen por paga y suprimir vida humana a cambio de dinero, es imperdonable”, acotó Castillo Semán.
Destacó que la decisión del juez de dejarlos en libertad desmoraliza a la Policía y a los agentes encargados de perseguir el crimen, quienes arriesgan sus vidas después de hacer una investigación exhaustiva, pero ven a las pocas horas a la misma persona que apresaron andando en la calle, incluso con la capacidad de tomar represalia o venganza.
Dijo que es imperdonable la dilación del Congreso Nacional y de las autoridades judiciales en abocarse a la modificación del Código Procesal Penal, tal como lo ha reclamado la Iglesia Católica y las fuerzas vivas de la nación. “Este es un tema no que aguanta más aplazamiento”, añadió Castillo Semán.
López Rodríguez consideró penoso en la actual situación de conmoción que se vive en el país por el desastre ocurrido con el terremoto en Haití, que algunos jueces se despachen con sentencias discutibles y reprochables.
“Es preferible que se aguanten un poco hasta que las cosas se normalicen”, estimó al referirse a la decisión del magistrado René del Rosario.
“Es una pena que mezclemos estas cosas, es preferible que los jueces se aguanten un poquito con las sentencias que no son solo discutibles, sino reprochables, y ya hemos dicho mil veces que no estamos de acuerdo con muchas cosas del Código Procesal Penal, por consiguiente, que no añadan más cosas de las que estamos sufriendo ya”, dijo el Arzobispo de Santo Domingo al ser entrevistado por LISTÍN DIARIO a su salida del telemaratón que se realizó ayer en Color Visión, dedicado a los miles de fallecidos haitianos.
El Cardenal reprochó que estas cosas ocurran, en momentos en que los dominicanos están preocupados por lo que ocurre en Haití. Explicó que la sociedad dominicana no quiere más hechos perturbadores, “y ese es un elemento que no entra en este asunto ahora”.
López Rodríguez fue entrevistado sobre la decisión tomada por el juez Del Rosario, quien dejó en libertad a diez personas vinculadas a la matanza, incluyendo a Alfonseca Soto, Miguel Ángel Matos, Joel Bautista y otros supuestos miembros de una banda criminal.
Para el Cardenal, el problema es del Código Procesal Penal, texto legal del cual dijo que se ha criticado muchas veces por las debilidades que posee.
Entre los asesinados se encuentran Ramón Paulino Valdez, Carlos Manuel Vicente Rivas, Heibin Noel Díaz y Juan Díaz Serrano, cuyos cadáveres fueron lanzados en el kilómetro 29 de la autopista Duarte.
El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el doctor Vinicio Castillo Semán y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, condenaron la decisión del juez.
Guzmán Fermín advirtió que con la decisión, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, René del Rosario, puso por el suelo una ardua labor de investigación de agentes policiales, quienes arriesgaron sus vidas para desmantelar una banda que se dedicaba al sicariato en el país. Empero, el jefe policial dijo respetar la decisión del juez interino que dispuso la libertad, además, de Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.
“Yo respeto la decisión de los magistrados, encabezado por Jorge Subero Isa, pero condenó el fallo de ese juez suplente que ha echado todo por el suelo, que debió pensar en los familiares de los cinco jóvenes que fueron ejecutados”, expresó Guzmán Fermín, tras concluir la misa que cada domingo se oficia en la sede de esa institución.
Sostuvo que no hay palabras para definir el pesar de la Policía, al ver que un juez pone en libertad a un delincuente al que se perseguía desde hace tres meses.
Se preguntó, ¿qué dirá la sociedad dominicana de que ese juez haya aprovechado que la opinión pública estaba centrada en la tragedia de Haití para tomar una decisión de esa naturaleza?, que deshonra a quien la hizo. “Qué pasará en el país cuando las bandas rivales se sigan matando entre ellas, de quién será la responsabilidad social de esos muertos, será de la Policía, o de quien firmó su sentencia”, precisó.
A lamentar la decisión, Vidal Potentini reconoce que aunque el juez de la instrucción ha tomado la decisión dentro de sus facultades, debió ser más prudente a la hora de adoptar el fallo.
Consideró que algunos jueces están dando una pésima administración de justicia con la facultad discrecional que tienen a la hora de imponer medida de coerción a los involucrados de cometer un hecho delictivo.
CASTILLO SEMÁN DICE DESMORALIZA POLICÍA
De su lado, Castillo Semán sostiene que la decisión del juez de la instrucción de poner en libertad a los imputados en el hecho, viene a confirmar que el Código Procesal Penal es un instrumento al servicio del crimen en el país.
Consideró que esa ley ha facilitado que peligrosos delincuentes y criminales obtengan su libertad en horas o días después de haber cometido hechos graves.
“Soltar a sicarios, a gente que está acusada de cometer crímenes graves es incentivar la industria del crimen por paga y suprimir vida humana a cambio de dinero, es imperdonable”, acotó Castillo Semán.
Destacó que la decisión del juez de dejarlos en libertad desmoraliza a la Policía y a los agentes encargados de perseguir el crimen, quienes arriesgan sus vidas después de hacer una investigación exhaustiva, pero ven a las pocas horas a la misma persona que apresaron andando en la calle, incluso con la capacidad de tomar represalia o venganza.
Dijo que es imperdonable la dilación del Congreso Nacional y de las autoridades judiciales en abocarse a la modificación del Código Procesal Penal, tal como lo ha reclamado la Iglesia Católica y las fuerzas vivas de la nación. “Este es un tema no que aguanta más aplazamiento”, añadió Castillo Semán.
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