El primer detalle es que las investigaciones sobre el atentado mortal contra el ex coronel José Amado González González, que parecían sin progreso o estancadas poco después de la nochebuena del 2009, día del crimen, fueron puestas a cargo directamente del jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, acicateado por el Presidente de la República para que resolviera de una vez ese asunto.
El Presidente asumió que ese y otros crímenes atribuidos a un acto de venganza de Figueroa Agosto contra antiguos colaboradores constituían un desafío y, a la vez, el reto actual más importante para las autoridades. Ya había dicho, sobre la fuga de Figueroa Agosto y su compañera sentimental, Sobeida Félix Morel, que significaban una especie de vergüenza nacional intolerable.
Al asumir el mando directo de la investigación, el jefe policial se hizo asistir de un fiscal especial y de inmediato todos los organismos, incluyendo el ministerio público, se alinearon en el proceso para no defraudar al Presidente.
Ya antes, según se rumoraba, se habían producido algunas fricciones que distanciaban a los investigadores y estancaban la búsqueda de los responsables.
Primeras pistas
A través de intercepciones telefónicas, asistencia de la Interpol y, coyunturalmente, de la DEA de los Estados Unidos y la Policía de Puerto Rico, se hallaron las primeras pistas con la detención de Gian Rojas Matos (El Boricua) y Ricardo Pérez Mateo (Maceta).
Cuando la Policía estableció, en menos de 48 horas, los vínculos de estos con el crimen del ex coronel González y, posteriormente, del financiero de Figueroa, Omar Antigua Polanco, el 31 de diciembre, y del empresario cubano Rubén Soto Hayet, dueño de la pastelería La Francesa, de inmediato se dispuso una “compartimentación” de los grupos de investigadores.
Se crearon tres unidades, independientes entre sí, y a cada una se le asignó la misión de búsqueda. Los progresos que hacía cada grupo no los sabían los otros dos. La información sólo fluía hasta la cabeza de la investigación, el jefe policial y el fiscal especial, y de ahí hasta el Presidente de la República.
Los operativos fueron eficaces y sorpresivos. Ninguno de los buscados presentó resistencia. No se mató a ninguno de los perseguidos. De acuerdo con fuentes de la investigación, varios de los acusados confesaron sin que se ejercieran coerciones o torturas contra ellos. Cada grupo de investigación iba conectando los hallazgos con la fuente que ordenaba las ejecuciones y por eso fue que el jefe policial y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Rolando Rosado Mateo, viajaron a Puerto Rico a confrontar sus informaciones.
Las autoridades presentaron videos y esquemas que revelan la participación de siete personas en las ejecuciones, así como armas, proyectiles, uniformes, aparatos de comunicación y hasta dinamita. Los acusados recibieron medidas de coerción de un año de cárcel.
Se informó que agentes de la DEA y de la Interpol han recibido detalles del modelo de “investigación compartimentada”, parecido al de los equipos de búsqueda de Colombia, que permitió alcanzar a los acusados sin que se filtraran, por la vía policial o judicial, las informaciones decisivas que contribuyeron a su arresto.
