La Asamblea Revisora conocería mañana una modificación a la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma constitucional, en lo atinente al funcionamiento y conformación de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los cambios que se proponen introducir los asambleístas contemplan volver al viejo sistema de 1990, que integraba un único organismo electoral de solo cinco miembros, el cual delegaba la mayoría de la toma de decisiones al presidente.
El modelo que ha discutido una comisión especial, y que cuenta con el apoyo de asambleístas de diferentes partidos, establece que los asuntos litigiosos entre los partidos y los candidatos serían dilucidados en las cortes civiles ordinarias, en contraposición de la propuesta presidencial que asigna estas atribuciones al TSE.
De aprobarse esta modificación al proyecto original sometido por el Presidente de la República, la JCE dejaría de ser un tribunal especial.
De acuerdo a los informes, una comisión de asambleístas de distintos partidos se habría reunido con el vicepresidente Rafael Alburquerque, con quien consensuaron introducir esos cambios que serán conocidos este martes cuando se reinicien los trabajos de la Asamblea. El proyecto original del Poder Ejecutivo contempla una estructura parecida a la existente, ya que propone el Tribunal Supremo Electoral y una Junta Central Electoral.
El primero manejaría los asuntos contenciosos, la solicitudes de actas de nacimiento y de cambio de nombres, y el segundo se encargaría de los asuntos de administración electoral.
ReacciónJueces de la JCE consultados, pero que declinaron identificarse, consideran ilógica esa propuesta y han elaborado un documento que entregarían a la Asamblea Revisora, en donde argumentan que es totalmente improcedente que los litigios entre partidos políticos y candidatos sean conocidos por tribunales civiles.
Alegan que esas instancias están abarrotadas de casos privados y no darían la prioridad política que exigen los conflictos de los que sean apoderados.
Dicen que esto afectaría gravamente el normal desarrollo del calendario electoral y recuerdan que en la jurisdicción ordinaria la tendencia actual es a la especialización de la competencia.
Explican que el mantenimiento de las competencias jurisdiccionales en un órgano especializado, tiene el propósito de garantizar la agilidad y la calidad en el conocimiento de estos procesos, lo cual garantiza la estabilidad democrática.
TRIBUNAL ELECTORAL Y SU FUNCIONAMIENTO
“La creación del Tribunal Electoral no implica gastos suplementarios ya que las funciones contenciosas a nivel municipal serían desempeñadas, como sucede actualmente, por las juntas electorales de los municipios que laboran de manera honorífica”, se argumenta en el documento.
Aseguran que se busca evitar que los actuales magistrados se vean en la delicada situación de administrar un proceso, cuyos resultados determinarán su permanencia o no en el órgano electoral. En otras palabras, agregan, que esta situación podría propiciar espacios para negociar entre candidatos y magistrados de la JCE.
Los magistrados plantean que en caso de aprobarse la propuesta de modificación, la misma debe ser de ejecución inmediata para evitar la provicionalidad del órgano electoral.
“Una aplicación inmediata no afectaría los trabajos organizativos de las elecciones, ya que se podrían tomar en cuenta para estos nuevos órganos, algunos de los actuales integrantes que conocen del calendario electoral y que por tanto tienen una experiencia acumulada en el tema electoral”, expresa el documento.
Los cambios que se proponen introducir los asambleístas contemplan volver al viejo sistema de 1990, que integraba un único organismo electoral de solo cinco miembros, el cual delegaba la mayoría de la toma de decisiones al presidente.
El modelo que ha discutido una comisión especial, y que cuenta con el apoyo de asambleístas de diferentes partidos, establece que los asuntos litigiosos entre los partidos y los candidatos serían dilucidados en las cortes civiles ordinarias, en contraposición de la propuesta presidencial que asigna estas atribuciones al TSE.
De aprobarse esta modificación al proyecto original sometido por el Presidente de la República, la JCE dejaría de ser un tribunal especial.
De acuerdo a los informes, una comisión de asambleístas de distintos partidos se habría reunido con el vicepresidente Rafael Alburquerque, con quien consensuaron introducir esos cambios que serán conocidos este martes cuando se reinicien los trabajos de la Asamblea. El proyecto original del Poder Ejecutivo contempla una estructura parecida a la existente, ya que propone el Tribunal Supremo Electoral y una Junta Central Electoral.
El primero manejaría los asuntos contenciosos, la solicitudes de actas de nacimiento y de cambio de nombres, y el segundo se encargaría de los asuntos de administración electoral.
ReacciónJueces de la JCE consultados, pero que declinaron identificarse, consideran ilógica esa propuesta y han elaborado un documento que entregarían a la Asamblea Revisora, en donde argumentan que es totalmente improcedente que los litigios entre partidos políticos y candidatos sean conocidos por tribunales civiles.
Alegan que esas instancias están abarrotadas de casos privados y no darían la prioridad política que exigen los conflictos de los que sean apoderados.
Dicen que esto afectaría gravamente el normal desarrollo del calendario electoral y recuerdan que en la jurisdicción ordinaria la tendencia actual es a la especialización de la competencia.
Explican que el mantenimiento de las competencias jurisdiccionales en un órgano especializado, tiene el propósito de garantizar la agilidad y la calidad en el conocimiento de estos procesos, lo cual garantiza la estabilidad democrática.
TRIBUNAL ELECTORAL Y SU FUNCIONAMIENTO
“La creación del Tribunal Electoral no implica gastos suplementarios ya que las funciones contenciosas a nivel municipal serían desempeñadas, como sucede actualmente, por las juntas electorales de los municipios que laboran de manera honorífica”, se argumenta en el documento.
Aseguran que se busca evitar que los actuales magistrados se vean en la delicada situación de administrar un proceso, cuyos resultados determinarán su permanencia o no en el órgano electoral. En otras palabras, agregan, que esta situación podría propiciar espacios para negociar entre candidatos y magistrados de la JCE.
Los magistrados plantean que en caso de aprobarse la propuesta de modificación, la misma debe ser de ejecución inmediata para evitar la provicionalidad del órgano electoral.
“Una aplicación inmediata no afectaría los trabajos organizativos de las elecciones, ya que se podrían tomar en cuenta para estos nuevos órganos, algunos de los actuales integrantes que conocen del calendario electoral y que por tanto tienen una experiencia acumulada en el tema electoral”, expresa el documento.
