La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron ayer varias propiedades y negocios del prófugo Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) en la jurisdicción de San Pedro de Macorís, valoradas en unos RD$100 millones.
Del Rosario Puente está señalado por las autoridades como uno de los principales distribuidores de cocaína en el este del país, vinculado al también prófugo boricua José David Figueroa Agosto.
Le atribuyen la dirección de una ramificación de la organización criminal del capo puertorriqueño que recibía cientos de kilos de cocaína que semanalmente lanzaban avionetas procedentes de Colombia y Venezuela. Los bienes incautados son dos residencias ubicadas en el Reparto Villa España, dos fincas situadas en la Sección Pepillo, de Ramón Santana, y una villa turística en Juan Dolio.
También le incautaron una planta de tratamiento de arena para construcción, situada en el kilómetro 54 de la autopista Santo Domingo- San Pedro y siete vehículos pesados tipo volquetas, que eran utilizados para el transporte de arena y materiales de contrucción.
La intervención de los bienes mencionados fue autorizada por un juez del Tribunal Penal de San Pedro de Macorís a solicitud del ministerio público. Desde tempranas horas un equipo de fiscales, apoyados por tropas especializadas de la DNCD y la Policía Nacional, empezaron los decomisos de las propiedades y bienes que habían sido señalados por los investigadores como usufructo del trasiego de drogas del alegado narcotraficante petromacorisano.
Los bienes permanecerán en calidad de ‘secuestrados’ por el ministerio público hasta que los jueces decidan su destino final, bajo la custodia de la DNCD, cuyas unidades élites persiguen a Del Rosario Puente, quien escapó de un operativo realizado por las fuerzas antinarcóticos en diciembre pasado y en el que fueron incautados varias kilos de cocaína, una avioneta averiada y varias personas arrestadas.
Entre los funcionarios judiciales que actuaron en las incautaciones a Toño Leña, estaban la señora Dulce María Luciano, subdirectora de la Oficina de Administración y Custodia de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID); Pelagio Alcántara Sánchez y Surelis Jáquez Vialet, fiscales adjuntos del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
