DNCD califica de "ligera e irresponsable" denuncia senador de Bani que acusa autoridades de están comprometidas con los narcotraficantesLa Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) calificó hoy de “ligera e irresponsable” la denuncia de que en Baní las autoridades están comprometidas con el narcotráfico, hecha ayer por el senador peledeísta de la provincia Peravia, Wilton Guerrero.
Según las alarmantes declaraciones del legislador oficialista, publicadas por la prensa matutina, Baní es una especie de santuario del narcotráfico, con el apoyo de la propia DNCD, la Policía y el Ministerio Público.
Con las afirmaciones del legislador coincidió el obispo emérito Francisco José Arnáiz, al acusar a las autoridades de dejarse penetrar también por los tentáculos del narcotráfico.
La ira del senador Guerrero estalló ayer tras difundirse la noticia de la ejecución de siete personas en la localidad banileja de Ojo de Agua, que según la Policía estuvo motivada en una disputa por la posesión de mil 200 kilos de cocaína.
En una declaración escrita, el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, presidente de la DNCD, dijo lamentar que quienes pregonan esa versión, que también implica a la Policía, “nunca se hayan acercado a nosotros para advertirnos anomalías de esa naturaleza”.
Cuestionó que una autoridad haga “denuncias tan ligeras en vez de contribuir con los organismos competentes, si es que tiene evidencias concretas, en la lucha contra el narcotráfico, responsabilidad que debe ser asumida por todos, mucho más si se trata de hombres públicos que ocupan posiciones tan importantes”.
“Es lamentable que esto ocurra en vez de contribuir en esta lucha. Nuestros hombres y mujeres se juegan sus vidas todos los días frente a los narcotraficantes, a pesar de que a veces se encuentra uno que otro agente que accede a las tentaciones. Pero decir que la DNCD sirve al narcotráfico es una irresponsabilidad”, dijo el alto oficial.
Enfatizó que “la DNCD lucha a brazo partido día a día, y el pueblo dominicano tiene constancia de esa labor tesonera y responsable que venimos desarrollando”.
Afirmó que lo esencial en la DNCD, al menos en esta gestión, “es la permisividad cero, porque cuando descubrimos algo inmediatamente se toman las medidas de lugar, sin importar de quién se trate”.
“Si una autoridad como él tiene datos tan precisos, lo mejor es que colabore. Porque esta lucha nos compete a todos”, consideró Ramírez Ferreira.
Aclaró que no quiere polemizar con nadie porque “ese no es mi estilo ni para eso estoy aquí”, pero dijo que “estamos disponibles para recibir a quien pueda ofrecernos informaciones sobre posibles actuaciones indecorosas de nuestros miembros”.
Agregó que cuando se sospecha que un agente acepta dinero de alguien ahí mismo es despedido y hasta sometido a la Justicia.
El senador Guerrero definió a Baní como una especie de zona franca para los delincuentes, pero principalmente para los narcotraficantes, y aseguró que esas acciones cuentan con el respaldo de la DNCD, la Policía y el Ministerio Público.
En medio de las investigaciones de las siete ejecuciones en Ojo de Agua, la Procuraduría General de la República reemplazó ayer al fiscal Víctor Cordero Jiménez.
En su lugar fue nombrado Robert Lugo Betancourt, quien se desempeñaba como fiscal en San Cristóbal. Aunque la Procuraduría General de la República no explicó los motivos de la destitución de Cordero Jiménez, se supo que él renunció porque se negó a ser trasladado.
Según las alarmantes declaraciones del legislador oficialista, publicadas por la prensa matutina, Baní es una especie de santuario del narcotráfico, con el apoyo de la propia DNCD, la Policía y el Ministerio Público.
Con las afirmaciones del legislador coincidió el obispo emérito Francisco José Arnáiz, al acusar a las autoridades de dejarse penetrar también por los tentáculos del narcotráfico.
La ira del senador Guerrero estalló ayer tras difundirse la noticia de la ejecución de siete personas en la localidad banileja de Ojo de Agua, que según la Policía estuvo motivada en una disputa por la posesión de mil 200 kilos de cocaína.
En una declaración escrita, el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, presidente de la DNCD, dijo lamentar que quienes pregonan esa versión, que también implica a la Policía, “nunca se hayan acercado a nosotros para advertirnos anomalías de esa naturaleza”.
Cuestionó que una autoridad haga “denuncias tan ligeras en vez de contribuir con los organismos competentes, si es que tiene evidencias concretas, en la lucha contra el narcotráfico, responsabilidad que debe ser asumida por todos, mucho más si se trata de hombres públicos que ocupan posiciones tan importantes”.
“Es lamentable que esto ocurra en vez de contribuir en esta lucha. Nuestros hombres y mujeres se juegan sus vidas todos los días frente a los narcotraficantes, a pesar de que a veces se encuentra uno que otro agente que accede a las tentaciones. Pero decir que la DNCD sirve al narcotráfico es una irresponsabilidad”, dijo el alto oficial.
Enfatizó que “la DNCD lucha a brazo partido día a día, y el pueblo dominicano tiene constancia de esa labor tesonera y responsable que venimos desarrollando”.
Afirmó que lo esencial en la DNCD, al menos en esta gestión, “es la permisividad cero, porque cuando descubrimos algo inmediatamente se toman las medidas de lugar, sin importar de quién se trate”.
“Si una autoridad como él tiene datos tan precisos, lo mejor es que colabore. Porque esta lucha nos compete a todos”, consideró Ramírez Ferreira.
Aclaró que no quiere polemizar con nadie porque “ese no es mi estilo ni para eso estoy aquí”, pero dijo que “estamos disponibles para recibir a quien pueda ofrecernos informaciones sobre posibles actuaciones indecorosas de nuestros miembros”.
Agregó que cuando se sospecha que un agente acepta dinero de alguien ahí mismo es despedido y hasta sometido a la Justicia.
El senador Guerrero definió a Baní como una especie de zona franca para los delincuentes, pero principalmente para los narcotraficantes, y aseguró que esas acciones cuentan con el respaldo de la DNCD, la Policía y el Ministerio Público.
En medio de las investigaciones de las siete ejecuciones en Ojo de Agua, la Procuraduría General de la República reemplazó ayer al fiscal Víctor Cordero Jiménez.
En su lugar fue nombrado Robert Lugo Betancourt, quien se desempeñaba como fiscal en San Cristóbal. Aunque la Procuraduría General de la República no explicó los motivos de la destitución de Cordero Jiménez, se supo que él renunció porque se negó a ser trasladado.
