El documento, que analiza cada año la situación de los Derechos Humanos en el mundo y es entregado al Congreso estadounidense, resume el estado de la cuestión en ambos países y vuelve a denunciar el lastre de la corrupción institucional.
REPUBLICA DOMINCIANA
En el caso de la República Dominicana, el informe denuncia la corrupción de la policía y sus prácticas, desde asesinatos a casos de tortura, la discriminación y violencia contra las mujeres y los inmigrantes haitianos, y la negación de los derechos de sus descendientes nacidos en el país.
Concretamente, las fuerzas de seguridad estuvieron "implicadas en muchos asesinatos injustificados y fuera de la ley", y "en excesos en el uso de la fuerza", aunque se registró un centenar de muertes de este tipo menos que el año anterior, al pasar de 455 a 346 personas.
Además, aunque algunos observadores coinciden en la "mejora de las condiciones de entrenamiento profesional" de los agentes, continúa el "abuso físico de detenidos", sobre todo, mediante palizas.Las violaciones sexuales fueron otro "problema serio y extenso", pero sin documentar, igual que la violencia doméstica que entre enero y mayo supuso la muerte de 41 mujeres.
Tampoco hay políticas para frenar la "evidente" discriminación racial, que el Gobierno niega, tal y como hace con la que existe contra inmigrantes haitianos y sus descendientes.
En este sentido, destaca la negación de los derechos de los "sin estado", hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en la República Dominicana y que no pueden acceder a la nacionalidad porque sus padres, descendientes de sin papeles, tampoco pueden cumplir los requisitos para solicitarla.
Otros abusos fueron la explotación sexual de niños, en un país donde la prostitución es legal y el turismo sexual está extendido en las zonas hoteleras, pero sin leyes que la regulen y que vuelven vulnerables a grupos de riesgo.
Haití es otro país donde la corrupción se extiende, pero no sólo entre las fuerzas de seguridad, sino también en las instituciones judiciales y políticas.
El informe resalta el "fracaso" para mantener a tiempo elecciones parlamentarias, los asesinatos y los secuestros en los que los agentes de la policía haitiana están implicados, las prisiones saturadas y sus "pobres" condiciones sanitarias.
La corrupción policial también supone amenazas y arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas antes de los juicios, unas prácticas que se multiplican.
El poder judicial se enfrenta "sin eficacia" a la corrupción del ejecutivo y el legislativo, en los que el "grave problema" de la corrupción política, según informes del Banco Mundial, sigue presente.
Así, asegura que "el Gobierno no implementó efectivamente la ley y sus representantes fueron implicados frecuentemente en prácticas corruptas con impunidad".
La violencia y la discriminación social contra las mujeres, el abuso a menores, el tráfico de personas y la falta de la efectividad de la implicación de los derechos de los trabajadores.
Otros problemas siguen presentes, como los secuestros en el país, pero descendieron en 2009 "sustancialmente", al pasar de 66 durante los primeros diez meses del año, comparados a los 263 de 2008.
