Un proyecto de ley que busca modificar la ley general de Educación 66-97 para regular el aumento de las tarifas mensuales que cobran los colegios privados.
La pieza sometida a la Cámara de Diputados por el diputado peledeísta por San Cristóbal, Nelson Guillén, agregaría dos artículos al Título III.
El aumento de la tarifa por los colegios privados sin la previa aprobación del Consejo de Educación conllevará una amonestación pública y la devolución del dinero recaudado por concepto del pago de la tarifa.
Uno de los artículos establecería que las entidades no gubernamentales o centros de educación privada que se rigen por el Sistema Educativo Nacional y que están inscritos en el Ministerio de Educación no podrán disponer, sin la previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, aumentos en las tarifas que aplican a los usuarios de sus servicios.
Propone que si el aumento de la tarifa solicitado por las instituciones no gubernamentales procediera, el mismo no superará los efectos causados en sus estructuras de costos por los niveles inflacionarios establecidos por el Banco Central.
Expresa que para confirmar la veracidad de los datos que avalen la solicitud, el Consejo Nacional de Educación queda en libertad de solicitar asistencia al Banco Central, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Impuestos Internos.
Guillen en la iniciativa señala que si persiste la reincidencia en el cobro de la tarifa esta se sancionará con una multa de cien mil pesos y si se produjeran nuevas violaciones el consejo de Educación podría disponer el cierre definitivo del plantel.
El proyecto está motivado en que el Gobierno no está en capacidad de acoger en las escuelas públicas a los millares de estudiantes que todos los años solicitan inscripción en esos centros.
Refiere que esa situación ha dado paso a una creciente empresa educativa que durante los meses de junio a septiembre somete a las familias dominicanas a un período de preocupante inestabilidad.
Precisa uno de los párrafos que si los colegios privados “produjeran nuevas violaciones a la presente ley, el Consejo Nacional de Educación podría disponer el cierre definitivo del plante”.
En el Párrafo II, dice que una vez aplicada la sanción y agotado el procedimiento establecido, la Gerencia Financiera del Ministerio de Educación perseguirá el cobro de la multa impuesta”.
