La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) recomendó al Pleno la cancelación de un empleado y su sometimiento a la justicia, por la supuesta comisión de una serie de actos irregulares y violar los procedimientos establecidos para el proceso de inscripción y obtención de documentos de identidad y cedulación.
Asimismo, dejó a la soberana decisión del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, adoptar las acciones legales que entienda pertinentes en contra de otras seis personas involucradas en esos actos dolosos.
Entre las irregularidades atribuidas figuran la alteración de libros y folios, inscripciones fraudulentas de un gran número de nacionales y extranjeros y sobornos para la obtención de documentos.
La Cámara Administrativa recomendó la cancelación del inspector Juvenal Lorenzo Liranzo, quien ya estaba suspendido de sus funciones.
Mientras dejó a opción del presidente de la JCE las acciones a adoptar contra Ángela del Rosario Espejo Vargas, Francisco Giordano, Gabriel y Boris Patricio González Espejo, Claritza Maribel Espinal Céspedes y Ramón Emilio González.
Según el informe, Claritza Maribel Espinal Céspedes dijo que pagó 32,000 pesos a Angela del Rosario Espejo Vargas, de una totalidad de 51,000 que habían acordado para obtener un acta de nacimiento para fines de cédula.
El informe señala como hechos dolosos la inscripción fraudulenta, con otros nombres, de una gran cantidad de nacionales que ya estaban registrados. Fueron asentados en los libros 108, del 1984, y 110, del 1985, correspondiente a la Oficialía Civil del municipio de Comendador.
Agrega que fueron inscritos por personas que no son sus padres biológicos, sino extranjeros, sobre todo de Holanda, Gran Bretaña y Uruguay. También solicitó la cancelación de las cédulas, así como de los folios y libros que avalaban la inscripción.
Puntualiza que el expediente se originó por una investigación realizada al ciudadano Carlos Miguel Durán, a fines de determinar la autenticidad de dos cédulas que poseía, una con ese nombre y otra con el de Roberto Faneite Espejo.
En el informe, el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, comunicó al presidente de la JCE que las acciones irregulares fueron cometidas por personas en contubernio con empleados de la JCE.
“…debemos enviar un mensaje claro y firme a quienes se dedican a la falsedad intelectual y material de los documentos de identidad, de que en la JCE existe una política de cero tolerancia contra quienes intenten vulnerar la seguridad de nuestra base documental”, señala el informe.