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La empresa AES Corporation, en el estado de Virgia, Estados Unidos, quien envió el rockash a Samaná y Manzanillo en el 2003, por lo cual tuvo que indemnizar al Estado Dominicano por seis millones dólares, ahora está demandando al país.
La demanda interpuesta ha sido vía el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dirige Jaime David Fernández, quien según informes se ha resistido a pagar e incluso habría enviado una carta al presidente Leonel Fernández comunicandole la situación.
De acuerdo aldocumentación recibida por el programa Objetivo 5 que conducen los periodistas Geraldino González y Domingo del Pilar los sábados a las 11:00 de la noche por Telemicro, en el acuerdo para recibir los seis millones de dólares, el Estado descargó en todas sus partes a la empresa estadounidense, y al final dejó la responsabilidad jurídica del país en sus manos, frente a cualquier otra demanda que pudiera surgir por el envío del rockash a la República Dominicana.
En una de sus partes el convenio establece “AES no manejó indecuadamente de ninguna manera, AES no violó las leyes de los Estados Unidos, la República Dominicana, ni de ningún otro país o Estado o juridicción con respeto al material, incluyendo pero no limitandose al transporte, importación , descarga o ubicación del material en la República Dominicana particularmente y sin limitación del ámbito de la sentencia precedente, AES no cometió asalto, amenaza de muerte o soborno de ninguna persona y no violó o usó prácticas corruptas extranejeras, o de ninguna manera actuó o se involucró en actuación indebida”
Las primeras facturas solicitando pagos por representación legal al país han llegado por 165 mil dólares y podrían superar los seis millones de dólares que tuvo que pagar de indemnización la AES por traer el rockash al República Dominicana.
Con el pacto de descargo “ La Rapública Dominicana acuerda indemnizar y de no retener a AES, responsable contra cualquier y todos los gastos y, o pérdidas que pueda incurrir por el uso y, o desecho del material en la República Dominicana y demandas o reclamos iniciados por cualquier persona o entidad contra AES relacionada con el material, la República Dominicana también acuerda ser sustituida por AES y defenderse contra tales demandas”
Hasta el momento la demanda de AES al país ha sido manejda por el departamento jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, el que según informes se ha mostrado desconcertados por el acuerdo a que llegó la institución con la AES cuando se negoció la indenización por el caso rockash en la gestión de Max Puig Miller.
Los bufetes de abogados que están facturando a República Dominicana son Biferato LLC con sede en Wilmington, Of Cousenl y Law Office o T Vancer de New York JR, Estados Unidos, quienes alegan representar al país frente a una demanda que habrían hecho ciudadanos de Arroyo Barril, Samaná, contra AES recientemente.
En otra parte el acuerdo a que llegó República Dominicana con AES Corporation dice “ La AES no es reponsable en las reclamaciones acertadadas por República Dominicana en el litigio EDVA o en ninguna otra demanda o procedimiento , no importa donde fuese iniciada o esté pendiente con respeto al material”
El documento jurídico fue firmado el 23 de febrero del año 2003 entre el Estado Dominicano representado por Maximiliano Puig Miller y por la Atlantis Incorporada AERON SANSOM, en tanto que por AES AGRESGATE SERVICES LTC firmó Jiodi Frost.
Para algunos especialistas en derecho ambiental y otros defensores del medio ambiente, el citado acuerdo hipotecó la soberanía nacional y comprometió la independecia jurídica del país.
