El Gobierno dominicano ha quedado corto en por lo menos cinco puntos a los que se comprometió para completar el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que concluye el 31 de enero del próximo año.Los atrasos en el sometimiento del proyecto para modificar la Ley Menetaria y Financiera, la falta del reglamento de regulación de intermediarios financieros acorde con la modificación pendiente y la meta de superávit fiscal para el próximo año, son parte de los puntos en los que el Gobierno ha fallado.
A eso se agrega la decisión oficial de no aplicar las sanciones que establece la ley en cuanto a la criminalidad del robo energético y el no cumplimiento de las metas de mejoría del Indice de Recuperación de Efectivo (CRI) de las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y EdeEste.
En una comunicación fecha el 31 de agosto de este año, el equipo económico del Gobierno le informó a Rodrigo Rato, director gerente del FMI en Washington, que el Gobierno se comprometería a tener aprobada la modificación a la Ley Monetaria y Financiera a más tardar el 30 de octubre. Sin embargo, fue apenas la semana pasada cuando reintrodujo la pieza al Congreso Nacional, lo que implica un atraso de dos meses.
Ahora es preciso esperar a que el Congreso apruebe los cambios a la legislación para poner en práctica los reglamentos sobre regulación de intermediarios financieros y riesgo sistémico “consistentes con la LMF”, que deben estar listos el 31 de este mes. Los cambios a la LMF debieron estar listos en septiembre de este año, y fue el propio Gobierno que le pidió una dispensa al FMI para que se le permita cumplir al cierre de octubre, lo cual tampoco se cumplió.
El superávit
Sobre la meta de superávit primario para el 2008, que ahora el secretario de Hacienda dice que se ha convertido en un obstáculo para someter el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos al Congreso debido a exigencias del FMI, la realidad es que en la comunicación del 31 de agosto fue el Gobierno quien se comprometió a que el próximo año sería de 2% del Producto Interno Bruto.
Luego de los efectos de la tormenta Noel, el Gobierno ha dicho que no podrá alcanzar ese superávit, a lo que el FMI ha accedido para que sea de 1.6% del PIB, pero el Gobierno quiere que le permita sólo 1.3%. La diferencia de las tres décimas de puntos porcentuales es de unos RD$4,500 millones.
Muy cortos en el CRICada tres meses el FMI, junto con el Banco Mundial, evalúa el desempeño de las empresas distribuidoras en cuanto a su índice de recuperación de efectivo, donde se determina si se han reducido las pérdidas en la proporción deseada. Al mes de septiembre de este año, el compromiso oficial era que las distribuidoras lograran un CRI de 64.9%, con lo cual sus pérdidas estarían en 35.1%.
Sin embargo, para esa fecha las distribuidoras sólo alcanzaron un promedio de 58.5%, es decir, más de seis puntos por debajo de la meta, con lo cual las pérdidas en materia energética se mantienen en 42.5%.
El sector eléctrico recibirá este año como subsidio del Gobierno más de US$600 millones, cuando la meta con el FMI era de US$400 millones. La diferencia adicional se debe a la deficiencia de las empresas para reducir sus pérdidas, además del impacto de los precios del petróleo sobre el costo de la energía, en medio de la decisión del Gobierno de mantener congelada la tarifa eléctrica.
NORMATIVA
Luego de los efectos de la tormenta Noel, el Gobierno ha dicho que no podrá alcanzar ese superávit, a lo que el FMI ha accedido para que sea de 1.6% del PIB, pero el Gobierno quiere que le permita sólo 1.3%. La diferencia de las tres décimas de puntos porcentuales es de unos RD$4,500 millones.
Muy cortos en el CRICada tres meses el FMI, junto con el Banco Mundial, evalúa el desempeño de las empresas distribuidoras en cuanto a su índice de recuperación de efectivo, donde se determina si se han reducido las pérdidas en la proporción deseada. Al mes de septiembre de este año, el compromiso oficial era que las distribuidoras lograran un CRI de 64.9%, con lo cual sus pérdidas estarían en 35.1%.
Sin embargo, para esa fecha las distribuidoras sólo alcanzaron un promedio de 58.5%, es decir, más de seis puntos por debajo de la meta, con lo cual las pérdidas en materia energética se mantienen en 42.5%.
El sector eléctrico recibirá este año como subsidio del Gobierno más de US$600 millones, cuando la meta con el FMI era de US$400 millones. La diferencia adicional se debe a la deficiencia de las empresas para reducir sus pérdidas, además del impacto de los precios del petróleo sobre el costo de la energía, en medio de la decisión del Gobierno de mantener congelada la tarifa eléctrica.
NORMATIVA
El fraude eléctrico no se castigaLa Ley que criminaliza el fraude eléctrico fue aprobada por el Congreso Nacional en julio de este año, pero esta es la fecha en que no se ha reglamentado para su aplicación.
En la carta enviada al FMI el 31 de agosto, firmada por el secretario de Economía, Temístocles Montás; el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, el Gobierno se compromete a poner en vigencia la aplicación de las sanciones contra el fraude eléctrico a más tardar en septiembre de este año, es decir, hace dos meses que debió estar en plena aplicación.Recientemente el superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, informó que en lo que resta de este año esa normativa no será aplicada. http://www.listindiario.com.do/
