El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, advirtió que esa organización continuará con el caso de la Sun Land hasta llegar a las últimas consecuencias legales, tras señalar que se ha descubierto que hay 10 nuevos pagarés y su existencia debe ser explicada por las autoridades gubernamentales.El dirigente perredeísta explicó que ese caso “no está cerrado” y que sólo se cerrará “con el sonido del mallete del juez cuando diga sentencia” en contra de todos los involucrados en ese escándalo de “corrupción pública sin precedentes”.
Alburquerque, acompañado del secretario general de la organización política, Orlando Jorge Mera, durante una rueda de prensa en su local de la Churchil, dijo que toda esa publicidad “pagada con recursos del Estado” no sirvió para nada, “pues el presidente Leonel Fernández acaba de rescindir el contrato que tanto fue defendido para justificar lo injustificable”.
Sostuvo que la decisión de rescindir el contrato se debió a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de evitar que ese organismo, que tiene en su poder toda la documentación del caso, emita un reporte negativo por la falta de transparencia del Gobierno en el contrato.
“A tal efecto, la divulgación de la rescisión del contrato es consecuencia de una reunión celebrada el mismo día 7 de diciembre en el Banco Central entre el equipo económico y la misión del FMI, la cual se extendió por más de seis horas”, sostuvo.
Destacó que la actitud asumida por el gobierno de rescindir del contrato confirma que el PRD tiene razón con relación a la inconstitucionalidad e ilegalidad de ese acuerdo y a la existencia de un presupuesto público paralelo.
Precisó que la rescisión por parte del Gobierno de ese contrato no suspende el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad que interpuso esa organización política por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual ya está en condiciones de emitir su decisión.
Alburquerque sostuvo que el alto tribunal judicial del país no tiene que esperar un dictamen de la Procuraduría General de la República par fallar los recursos de casación, ya que ha sido establecido por sentencia de la SCJ.
Manifestó que la afirmación del gobierno de que ese contrato ha sido rescindido por incumplimiento de la Sun Land es una maniobra que pretende esconder los vicios de inconstitucionalidad que afectaron esa operación, motivo por lo que el gobierno del presidente Leonel Fernández está tratando de escapar del peso de la justicia dominicana.
Dijo que ha quedado demostrado que el dinero proveniente de la colocación de los pagares en el mercado de capitales nunca llegó a las cuentas del gobierno en el banco de Reservas, ni a las cuentas del Banco Central en el extranjero, violándose la Constitución y las leyes. http://www.listindiario.com.do/
