El economista Rubén Peña Pichardo sugirió implementar “un nuevo y revolucionario modelo” energético en República Dominicana que plantea, entre otras medidas, una serie de propuestas que buscan delimitar este servicio por áreas geográficas, a fin de hacerlo más eficiente.
El ex director de Presupuesto y ex Tesorero Nacional dijo que la novedosa propuesta busca “responsabilizar administrativamente por cada barrio, municipio o fracción de municipio a una compañía, el negocio de la energía eléctrica, en atención a la cantidad de viviendas, la que a su vez deberá distribuir y cobrar la energía recibida de los generadores, la cual se auto sostendrá con las comisiones obtenidas por eficiencia en los cobros”.
Destacó que el negocio energético envuelve demasiado dinero y que “sólo en el pago del subsidio, el Estado desembolsó el año pasado RD$35 Mil Millones, cuyo beneficio recayó sobre unas pocas compañías”.
Peña Pichardo, principal impulsor de un sistema de pago electrónico que ahorra al Estado cientos de millones de pesos cada mes, indicó que año tras año “se oye la misma cantaleta de que el problema del sector energético se resolverá en tal año, siempre con una proyección que va de entre 3 y 4 años, pero pasado este período, los mismos que proyectaron su solución, como sí nunca se hubiesen referido al tema, se hacen los chivos locos”.
Entiende que mas que delimitar el problema del sector energético nacional, “lo que hemos hecho es agrandarlo, creando unos monstruos de empresas comercializadoras; EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, que lo único que hacen, cada mes, es esperar que el Estado les pague, de manera parasitaria a los generadores, la energía no cobrada, sin hacer mayores esfuerzos”.
Explicó que según el nuevo modelo las pequeñas compañías regionales, barriales o municipales que sean creadas deberán ganar un concurso para ser calificadas, previa depuración de sus accionistas y de su solvencia moral y económica.
Igualmente, deberán proveerse de los equipos de transporte, implementos y maquinarias que implican la naturaleza de este negocio y contratar el personal y/o capital humano con el que dará seguimiento de forma más racional y eficiente a sus labores.
Señaló que al limitar el área de trabajo a un espacio manejable, la compañía daría un mejor servicio, “esto es, más rápida respuesta a solicitudes de instalación, reinstalación, cobros y detección de fraudes, entre otros”.
Explicó que cuando se trate de ciudades o municipios grandes que rebasen el límite de las 10,000 viviendas, incluyendo los negocios comprendidos en el área de responsabilidad, se le asignará a cada compañía un máximo que podría ser este mismo número, estableciéndose claramente las fronteras de cada sector.
Recordó que en la actualidad el cobro de la factura, servicio de instalación, reinstalación, mantenimiento de líneas y control de fraudes lo realizan a nivel nacional sólo tres compañías, EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, las dos primeras estatales y la última privada.
“La implementación de este nuevo modelo, una vez arranque, implicaría que en un período de dos años de su puesta en ejecución, donde suponemos se podría lograr el punto de equilibrio, el Estado sólo tendría como obligación el pago correspondiente de la facturación del alumbrado público, oficinas y otras dependencias estatales”, enfatizó el ex director de Presupuesto.
El licenciado Peña Pichardo indicó que una vez aceptada la propuesta que dividiría la responsabilidad de cada compañía por cada 10,000 viviendas, más las empresas o negocios que se encuentren en la demarcación asignada, previa a la asunción de la administración en cuestión, “deberá colocarse un contador o medidor de electricidad que registre el consumo total del sector asignado”.
“Si el más grave problema del sector en estos momentos es que la energía servida no se cobra en alrededor de 40 al 45%, las compañías responsables por áreas de asignación recibirán como pago una comisión, tomando como punto de partida la diferencia existente entre el antes y el después de asumir la administración del sector, cuyo monto se establecerá de cara al país entre el Estado y las compañías”, expresó.
Detalló que en la República Dominicana existen en la actualidad alrededor de 1, 850,000 hogares y decenas de miles de negocios, entre grandes, pequeños y medianos.
En ese sentido, el licenciado Peña Pichardo dijo que si la responsabilidad por sectores para cada compañía fuera por cada 10,000 viviendas, “habría que crear alrededor de 185 compañías lo que además de atacar el problema de forma seria, coadyuvaría con dinamizar la economía ya que en vez de concentrar el capital en sólo unas cuantas empresas, lo haría en la cantidad señalada, con el beneficio además de demandar una gran cantidad de técnicos y profesionales por cada sector, municipio o comunidad”.
Corte servicio energético a control remoto
Sostuvo que una vez instalado el nuevo modelo de gestión energética, se podría aspirar a una fase tecnológicamente superior a la existente en la actualidad, esto es, pasar de la fase en la que para suspenderle el servicio a un consumidor por no pagar, implique tener que trasladarse hasta la vivienda o negocio en cuestión y es aquella en la que la misma central encargada del municipio, fracción de municipio o barrio, se provea de las herramientas tecnológicas que le permita, igual que las compañías de teléfonos, suspender el servicio desde la misma central.
Peña Pichardo explicó que esta tecnología que permite el corte a nivel remoto del servicio energético “está disponible en el mercado mundial, pero que dado el déficit con el que opera en la actualidad el sector energético, resultaría imposible su implementación en estos momentos”.
“De todo lo anterior se infiere, que las empresas generadores venderán su energía a las compañías que se les otorgue el área de concesión y que éstas últimas deberán pagar a las generadoras el valor facturado”, precisó.
Considera que como en principio habrá de suponerse que la meta de cobrar el 100% de la energía servida no podrá cumplirse, las empresas creadas recibirán el pago de la comisión acordada por cobros y la parte que resultase pendiente la seguirá cubriendo el Estado, la que deberá ser cada vez menos, hasta desaparecer y finalmente producir ganancias.
“Santo Domingo, para sólo citar la capital del país, aunque es un fenómeno que se puede apreciar, sin excepción, en todas las ciudades y municipios de nuestro nación, presenta un espectáculo deprimente de contaminación visual en lo que respecta a nuestras redes eléctricas, ya que en vez de tener un plan nacional de soterrar el alambrado público, hasta en nuestros sectores de lujo se puede apreciar el desorden del tejemaneje, bollo y entrecruces de alambres, muchos en muy mal estado”, resaltó el ex director de Presupuesto.
Sostuvo que aunque “presumimos de estarnos modernizando, esto no parece preocuparle a nadie, sin embargo, la propuesta que formulamos podría resolver éste y otros problemas de orden urbanístico, ya que al delimitar la administración del problema energético a un área manejable, esta responsabilidad, previo acuerdo, recaería también sobre las compañías encargadas del sector en cuestión”.
Según apreció, con su propuesta también “daríamos inicio a un plan nacional de soterrar el alambrado público, incluyendo el de los teléfonos y sistemas de cables, lo que no sólo se vería bien desde el punto de vista urbanística, sino que contribuiría, según los entendidos en esta materia, a evitar grandes pérdidas energéticas, debido a su exposición al tiempo y otros fenómenos”.
Pérdidas acumuladas
Por otra parte, el licenciado Peña Pichardo consideró que ninguna empresa comercial privada se mantiene operando, año por año, con pérdidas acumuladas, sí este fenómeno se produce en el sector energético de la República dominicana, se debe fundamentalmente a que esta carga ha descansado sobre los hombros del Estado, el que tiene como prioridad la función social.
Agregó, sin embargo, que “si algo han tenido en común los sucesivos gobiernos en estos años de crisis, es haber dado la sensación de no saber cómo hacerle frente al problema, a fin de obtener una solución definitiva.
Señaló que como se puede apreciar en su propuesta “sólo toca, como fundamento principal, el área de la comercialización, esto así, porque es éste el problema medular que irradia, a su vez, sus consecuencias negativas a los segmentos de generación y distribución”. Concluyentemente,-subrayó- si no hubiera déficit en el área de cobro, no habría apagones”.
Destacó que el modelo sugerido abre la posibilidad de que pueda ser tomado en cuenta, no sólo para la solución del problema energético en la República Dominicana, sino como referencia para otros graves problemas que arrastra nuestra sociedad.
Entiende que delimitar la responsabilidad administrativa por áreas geográficas, que permiten un control más eficiente, nos permitiría hacerle frente a problemas como el suministro de agua, recogida de basura, servicios de seguridad ciudadana( policía nacional) e incluso una vez el gobierno central haber cumplido con los compromisos que conlleva el pago de la deuda pública, sueldos y salarios, otras cargas corrientes y grandes proyectos de inversión como carreteras, puentes y presas hidroeléctricas, deberíamos pensar, seriamente , en la aplicación de este nuevo modelo a los fines de distribuir los ingresos del presupuesto nacional para ser utilizado en función de la proporción de habitantes o viviendas de las 32 provincias y el Distrito Nacional.
Considera que eso tendría el objetivo de enfocar el desarrollo en todo el país de manera más equitativa, de modo que toda la nación y no sólo las grandes ciudades usufructúen el resultado de los ingresos generados por nuestra pesada carga impositiva.
“En conclusión, todo el que le ha dado seguimiento al problema energético en la República Dominicana sabe que el mismo es de origen financiero, lo que se traduce en que existe una brecha con un rango que va del 40 al 45%, entre la energía servida y la cobrada, brecha que el Estado cubre con el consabido subsidio”, expresó Peña Pichardo.