El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), José Tomás Pérez, dispuso hoy la cancelación del inspector de aeronavegabilidad del Aeropuerto Internacional Cibao, Dionisio Parra Segura, luego de que en un informe de la comisión investigadora del caso de un avión desaparecido el pasado 15 de diciembre con 11 pasajeros, se comprobara que hubo incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
Pérez declaró que “el manejo inadecuado de sus responsabilidades fue una de las causas que permitieron la salida del avión que pilotaba el señor Adriano Miguel Jiménez, con 11 pasajeros a bordo, del Aeropuerto Internacional del Cibao en la ciudad de Santiago, por lo que lo ponemos a disposición de los organismos judiciales del Estado para cualquier investigación de otra índole”.
Resaltó que el IDAC no tiene facultad para investigar los casos que tengan que ver con el tráfico ilegal de personas y mercancías, y por tanto puso a disposición de los organismos de seguridad del Estado a todos los empleados de la institución que dirige.
El funcionario informó que dispuso la suspensión del inspector de vigilancia aeroportuaria, Virgilio Cordero Mateo, por determinarse que padece “serios problemas de salud” que le dificultan la eficiencia requerida en el desempeño de sus funciones.
Señaló que en las próximas horas enviará una comunicación a los dueños de aeronaves, en la cual les advierte sobre las consecuencias penales y la suspensión de sus permisos a que se atienen, en caso de hacer uso de éstas para operaciones que no sean las autorizadas por la institución.
Dijo que instruyó a las direcciones de Recursos Humanos y de Normas de Vuelo para que inicien una evaluación y depuración de todos los inspectores asignados en los diferentes aeropuertos del país.
“También ordenamos a los directores de Navegación Aérea, de Normas de Vuelo y Legal Técnico, para que inicien un proceso de evaluación a todos los técnicos que laboran en los aeropuertos (controladores de tránsito aéreo, inspectores de aeronavegabilidad y vigilancia, entre otros) para determinar su desempeño”, aseveró.
Sostuvo que promoverá una reunión con todos los organismos del Estado que tienen funciones en los aeropuertos, como el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas, el Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Control de Drogas, paa establecer políticas claras contra la realización de vuelos ilegales.
Pérez explicó que designó una comisión compuesta por el director de Normas de Vuelo, el director Legal Técnico y el director de Seguridad General, para que conjuntamente con la Asociación de Pilotos inicien una evaluación y depuración de los pilotos que operan en el país y de las licencias que los amparan.
El informe que la Comisión Investigadora entregó al director del IDAC señala que en el caso de la señora Ramona Fidelina Santos Flete, quien se desempeña como auxiliar de Cobros de la institución en ese aeropuerto y que fue vinculada al hecho, fue reintegrada a sus labores, por determinarse que no cometió ninguna falta que ameritara su cancelación.
En cuanto a la investigación sobre la actuación de los pilotos Julio Romero y Pascual Reynoso, se determinó que no cometieron violación a los reglamentos y leyes aeronáuticas.
“Aunque dejamos a disposición de los organismos de seguridad y de investigación del Estado, para que sean éstos quienes determinen si existe algún otro vínculo con éste y otros vuelos ilegales que se hayan producido en el pasado”, añadió José Tomás Pérez .
Pérez declaró que “el manejo inadecuado de sus responsabilidades fue una de las causas que permitieron la salida del avión que pilotaba el señor Adriano Miguel Jiménez, con 11 pasajeros a bordo, del Aeropuerto Internacional del Cibao en la ciudad de Santiago, por lo que lo ponemos a disposición de los organismos judiciales del Estado para cualquier investigación de otra índole”.
Resaltó que el IDAC no tiene facultad para investigar los casos que tengan que ver con el tráfico ilegal de personas y mercancías, y por tanto puso a disposición de los organismos de seguridad del Estado a todos los empleados de la institución que dirige.
El funcionario informó que dispuso la suspensión del inspector de vigilancia aeroportuaria, Virgilio Cordero Mateo, por determinarse que padece “serios problemas de salud” que le dificultan la eficiencia requerida en el desempeño de sus funciones.
Señaló que en las próximas horas enviará una comunicación a los dueños de aeronaves, en la cual les advierte sobre las consecuencias penales y la suspensión de sus permisos a que se atienen, en caso de hacer uso de éstas para operaciones que no sean las autorizadas por la institución.
Dijo que instruyó a las direcciones de Recursos Humanos y de Normas de Vuelo para que inicien una evaluación y depuración de todos los inspectores asignados en los diferentes aeropuertos del país.
“También ordenamos a los directores de Navegación Aérea, de Normas de Vuelo y Legal Técnico, para que inicien un proceso de evaluación a todos los técnicos que laboran en los aeropuertos (controladores de tránsito aéreo, inspectores de aeronavegabilidad y vigilancia, entre otros) para determinar su desempeño”, aseveró.
Sostuvo que promoverá una reunión con todos los organismos del Estado que tienen funciones en los aeropuertos, como el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas, el Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Control de Drogas, paa establecer políticas claras contra la realización de vuelos ilegales.
Pérez explicó que designó una comisión compuesta por el director de Normas de Vuelo, el director Legal Técnico y el director de Seguridad General, para que conjuntamente con la Asociación de Pilotos inicien una evaluación y depuración de los pilotos que operan en el país y de las licencias que los amparan.
El informe que la Comisión Investigadora entregó al director del IDAC señala que en el caso de la señora Ramona Fidelina Santos Flete, quien se desempeña como auxiliar de Cobros de la institución en ese aeropuerto y que fue vinculada al hecho, fue reintegrada a sus labores, por determinarse que no cometió ninguna falta que ameritara su cancelación.
En cuanto a la investigación sobre la actuación de los pilotos Julio Romero y Pascual Reynoso, se determinó que no cometieron violación a los reglamentos y leyes aeronáuticas.
“Aunque dejamos a disposición de los organismos de seguridad y de investigación del Estado, para que sean éstos quienes determinen si existe algún otro vínculo con éste y otros vuelos ilegales que se hayan producido en el pasado”, añadió José Tomás Pérez .
