Las recientes denuncias de acciones de corrupción y nepotismo a través del “barrilito” implican un manejo administrativo irregular del presupuesto del Senado de la República, mediante el cual algunos legisladores disponen discrecionalmente -y en su provecho propio y el de familiares- la utilización de esos fondos sin tomar en cuenta las múltiples necesidades de las comunidades que representan.El Dr. Jaime Aristy Escuder, precandidato a Senador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Distrito Nacional, propone el establecimiento del “Presupuesto compartido” mediante el cual los legisladores encauzarían los proyectos de inversión pública presentados por las iglesias, ONGs, clubes deportivos y cualquier organización comunitaria que realice un aporte significativo al desarrollo de la zona.
Si consideramos que es indispensable involucrar a las personas y convertirlas en protagonistas de su propio desarrollo, y tomamos en cuenta que los habitantes de cada comunidad conocen mejor que nadie lo que necesitan para mejorar su calidad de vida, hay que destinar entonces una proporción del presupuesto del Gobierno Central al financiamiento de proyectos elaborados directamente por la comunidad.
El orden de prioridad de los proyectos comunitarios se definiría en base a la rentabilidad económica y social de los mismos, y sería automática la aprobación por el Congreso de la inclusión de esos proyectos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, lo que también eliminaría la imposición por parte del Poder Ejecutivo de proyectos de inversión que no responden a los reclamos de las comunidades del país.
Cuando sea electo Senador por el Distrito Nacional, el Dr. Aristy Escuder se comprometió a que en lugar de un mecanismo como el “barrilito” que se presta a un manejo clientelar, poco transparente y hasta doloso de los fondos públicos, propiciará el establecimiento de este “Presupuesto compartido” mediante el cual canalizará al Poder Ejecutivo las demandas y necesidades de los capitaleños en forma de proyectos específicos a ser financiados con los recursos destinados al gasto social y a la inversión pública.
