Unos RD$16,000 millones del Presupuesto Nacional destinados a los ayuntamientos al año no son auditados debidamente por la falta de contabilidad clara, la no asignación de personal que lleve los controles y la resistencia para suministrar la documentación solicitada, denunció la Cámara de Cuentas.
La presidenta de la entidad, Licelott Marte de Barrios, dijo que el proceso de auditoría de las entidades municipales es muy difícil y tedioso.
Sostuvo que en los ayuntamientos, al igual que pasa con los fondos de los senadores, los parientes son los que devengan los salarios más altos.
Son muchos municipios y juntas municipales que son objeto de fiscalización por la Cámara de Cuentas. La situación es más crítica, manifestó, por la gran cantidad de ayuntamientos y juntas municipales. A veces es necesario ayudar a construir la contabilidad de los ayuntamientos.
“No cumplen absolutamente con nada, retienen los impuestos y no los abonan al Estado”, manifestó.
Explicó que en la mayoría de las instituciones auditadas hay inobservancia a las normas de contabilidad gubernamental y que no cumplen con los recursos que deben abonar a Impuestos Internos.
Dijo que hay muchas violaciones a la ley de compra y contrataciones de bienes y servicios.
Insistió en que la Cámara necesita mayor presupuesto y mejores recursos humanos.
Actualmente disponen de unos 600 empleados, 209 auditores.
Al igual que Marte de Barrios, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Pablo del Rosario, indicó que los ayuntamientos no presentan la documentación que justifique el uso de los fondos que reciben.
Buscan mecanismos, señaló, para obligar a los ayuntamientos a suministrarle la documentación necesaria, sea por la vía de retención de los fondos, pero admite que no es un asunto fácil.
“La mayoría de los ayuntamientos no tienen contabilidad organizada, ellos se quejan de que los recursos no le permiten tener un auditor o un contador para manejarse”, expresó Marte de Barrios.
Vigilancia El vicepresidente de la Cámara de Cuentas planteó la necesidad de crear conciencia en las localidades para que se conviertan en vigilantes de las personas que administran los fondos.
Dijo que esta situación se da en el municipio que es la entidad más cercana al ciudadano.
“Los fondos, a veces, se utilizan con mucha alegría”, agregó.
Explicó que la fiscalización está fundamentada en la obtención de una buena información, en que haya una contabilidad que decida un proceso para poder dar seguimiento.
Entiende que en el país se está acostumbrado a escuchar cifras monumentales, y que cuando se habla de RD$5 millones, por ejemplo, no se le hace caso, pese a que para la comunidad que se trata son fondos muy significativos.
Señaló que el uso correcto de los fondos en una comunidad redunda en bienestar para los munícipes sea en las áreas de salud, educación, y otras obras.