El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, solicitó a su homólogo de los Estados Unidos, Eric Holder, proporcionar un defensor público al pelotero dominicano Fabio Gómez, condenado a la pena capital por un tribunal de Texas, y procurar la variación de la sanción aplicada al deportista criollo.
“En mi calidad de Procurador General de la República Dominicana, por esta vía le solicito interponer sus buenos oficios ante la gobernadora del Estado de Arizona, señora Jan Brewer, a los fines de procurar la conmutación de la pena capital que recae sobre el señor Fabio Gómez”, indica Jiménez peña en una carta enviada a Holder.
El procurador explicó que el Estado dominicano y la Procuraduría General se han mantenido dando seguimiento al caso del señor Fabio Gómez, haciendo diligencias por medio de la Cancillería para conocer el estatus actual del proceso.
En ese sentido, precisó que tenían conocimiento de que le han sido asignados dos defensores públicos para su defensa en este caso, quienes no se reúnen con su defendido desde el año 2007.
“Desconocemos las razones por las cuales su derecho legítimo de defensa haya podido haber estado en riesgo, en vista de lo cual le reiteramos considerar el cambio de pena a cadena perpetua, so pena de cometer una injusticia irremediable, como sabemos ha ocurrido en múltiples casos”, manifestó.
Fabio Gómez fue un reconocido jugador de baseball de grandes ligas para diferentes equipos, manteniendo durante toda su vida de jugador profesional los más altos estándares, indica Jiménez Peña en la carta.
“Tenemos entendido, además, que se trataba de un ciudadano sin antecedentes criminales previos, y con una labor social de mucho valor, pues estuvo involucrado en trabajos con niños desprotegidos en su país de origen, República Dominicana”.
Resaltó que en reiteradas ocasiones ha manifestado su rechazo a la imposición de ese tipo de penas, ya que si hoy proclaman como valor supremo el valor y la dignidad de la vida humana, no sólo en el ámbito moral, sino también en el jurídico, “es incoherente que en la práctica violen ese derecho fundamental por medio de mecanismos institucionalizados” indicó.
