El juez de la Segunda Sala Penal del DN aplazó para el lunes a las 10.00 de la mañana, el recurso de habeas corpus en favor de un ex militar que fue apresado con 50 kilos de cocaína y fue favorecido con la libertad mediante el pago de una garantía económica de 4 millones de pesos, ante la ausencia del Ministerio Público.
El magistrado Felipe Molina Abreu, intimó a los fiscales a comparecer al tribunal para conocer el recurso de habeas corpus por prisión ilegal. Este viernes, los fiscales usaron la estrategia de no ir al tribunal a pesar de que minutos antes de iniciar la audiencia se comprometieron con los abogados que iban asistir a la audiencia.
El abogado Eddy Antonio Amador Valentín dijo que la decisión del fiscal es un desacato a una decisión de un tribunal y que cuando el Ministerio Público no es favorecido por los jueces empiezan a detractarlo públicamente a pesar de que existen los recursos para atacar la decisión.
Dijo que con el desacato de la orden judicial que dispone la libertad de Jimmy Oliver Rodríguez de la Cruz, el fiscal, Alejandro Moscoso Segarra, viola el artículo 245 del Código Procesal Penal, que establece que la presentación del recurso de apelación no paraliza la ejecución de la libertad.
Criticó que la Fiscalía tenga prácticamente secuestrado el expediente y al recluso favorecido con la libertad y que tiene prohibido suministrar información sobre ese expediente.
Indicó que con la actuación del fiscal se busca coaccionar a los jueces y que la investigación que realizaron está manipulada porque existen tres actas y que nunca participó un representante del Ministerio Público en el registro del imputado, del vehículo y que aparecieron en el conocimiento de la medida de coerción.
Señaló que el desacato a la decisión es con la intención de tener secuestrado en la cárcel de Najayo a Rodríguez de la Cruz hasta que sea conozca el recurso de apelación en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los fiscales, adscrito a la unidad de litigación, que no comparecieron al tribunal son Johonatan Baró Gutiérrez, Ricardo Manuel Pérez Esterling y Wagner Vladimir Cubilete García.
El juez interino del cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franny M. González Castillo, dispuso que Rodríguez de la Cruz fuera puesto en libertad mediante el pago de una garantía económica de 4 millones de pesos en la modalidad de contrato.
La medida provocó que el Ministerio Público y la DNCD pidieran a la Suprema Corte de Justicia la investigación del magistrado.
El ex cabo del Ejército fue apresado en septiembre supuestamente con 50 paquetes de cocaína y RD$120 mil 250 en efectivo, que transportaba en un compartimiento secreto de un microbús en el que viajaba, que a juicio del abogado fue requisado sin la presencia del Ministerio Público ni del imputado.
Fue sorprendido por la DNCD en la avenida Rómulo Betancourt esquina Juan Miguel Román, en el sector capitalino de Bella Vista, a bordo del microbús Honda Odyssey, color gris, placa I-021030.