El legislador por la Fuerza Nacional Progresista manifestó que resulta extraña la existencia de dos versiones contradictorias en torno a ese hecho, "en especial, cuando se conoce que los helicópteros dominicanos de la Caballería Aérea del Ejército, tienen graves limitaciones para efectuar operaciones de interceptación sobre espacios marítimos".
“Nosotros creemos que es necesario recuperar el control del espacio aéreo de República Dominicana con nuestros propios medios, incluyendo la opción de interceptación y derribamiento, siempre sujeto a las normas internacionales y a los controles de filmación y grabación previsto en nuestra propuesta de ley”, opinó a través de una nota de prensa.
Castillo consideró irónico y también irritante que después de Estado Unidos oponerse militantemente a esa política en República Dominicana, sean sus helicópteros los que hayan provocado ese derribamiento.
Reiteró que la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de interceptación aérea y marítima, que a su vez sirve de efectivo instrumento de disuasión para garantizar que episodios de este tipo estén sujetos a total control y transparencia, ya que deben ser grabados, filmados y autorizados por un alto mando.
“Pronto tendremos naves y aeronaves, también radares militares de amplio alcance. Pero esos son meros instrumentos de una política que debe ser consignada en la ley que declara la necesidad de ejercer la legitima defensa del Estado frente a una agresión injusta y peligrosa como la representada por el narcotráfico internacional sobre el espacio aéreo y marítimos de la República”, enfatizó Castillo.
El diputado reiteró su reclamo a las autoridades norteamericanas de cambiar su enfoque en esa materia, explicando que no se entiende que ellos apoyen la opción del derribamiento en Colombia, Perú y Brasil, y que en cambio ejerzan presiones para que las autoridades dominicanas no lo implanten con sus propios medios en su territorio.
Finalmente, Castillo reiteró que alrededor de este debate de la interceptación aérea y marítima se está definiendo si República Dominicana es o no es un estado soberano, en capacidad de controlar mínimamente su espacio territorial.
