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jueves, 19 de junio de 2008

FSA solicita a SCJ conocer recurso de inconstitucionalidad sobre préstamo de 130 millones dólares con Sund Land

El Foro Social Alternativo (FSA) solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocer el recurso de inconstitucionalidad sobre el préstamo de 130 millones de dólares sustraído por el Estado dominicano con la compañía Sud Land.
Fidel Santana, Joaquín Jerónimo y Amparo Chantada depositaron una instancia ante la secretaria de la SCJ, Grimilda Acosta de Subero donde piden que el caso sea conocido y fallado por el pleno del tribunal.
Sostienen que el recurso de inconstitucionalidad fue depositado el 15 de octubre del pasado año y que ya han pasado ocho meses y aún la Suprema no ha ventilado el mismo, “contrario a otros casos donde lo hacen con prontitud”.
Destacan que el organismo judicial falta al ejercicio de sus funciones y al país por no fallar a tiempo en un plazo razonable un caso como ese.
Los integrantes de la entidad afirmaron que mueve a preocupación la supuesta separación de los poderes sin dependencia y la neutralidad de la justicia en el país, por lo que “este caso pone entre dicho esa separación”. “Nos preguntamos si hay una verdad respecto a este caso, y si la hay ¿cuál es?. La Suprema tiene la respuesta”, indicó Joaquín Jerónimo.
Destacó que nueva vez les expresan a la Suprema que el litoral 3 del articulo 44 de la ley 327-98 de la Carrera Judicial prohíbe a los jueces retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo y la presentación de los servicios que le corresponde.
Señala que con ese préstamo se viola el acápite 10 del artículo 55 de la Constitución que autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar contratos sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional.
En reiteradas ocasiones el presidente de la SCJ Jorge Subero Isa ha dicho que el recurso de inconstitucionalidad será dado a conocer cuando sea fallado por el pleno, tras recordar que ese organismo tiene 160 recursos en espera.
Otro recurso de inconstitucionalidad sobre ese préstamo también fue depositado por el presidente y secretario del PRD, Ramón Alburquerque y Orlando Jorge Mera, respectivamente, en contra de ese contrato.