NUEVA YORK.- A juzgar por lo que no ocurrió esta mañana en la sala 15-B de la Corte Federal del Distrito Sur, el caso de los gobiernos de la República Dominicana y Estados Unidos contra el ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, se va debilitando cada día más y los argumentos de la fiscalía son cada vez más escasos.Después de haber reiterado durante varios días que el juicio (Castillo Trial) contra Quirino marcado con el número 04CR1353 y en el que además estaban involucradas más de una veintena de personas, estaba “listo” para iniciarse hoy, la oficina de la jueza Kimba Wood anunció el reenvío de esa causa para el 22 de agosto próximo, sin especificar al cierre de esta nota, los motivos de la decisión.
Es otro de los tantos cambios de fechas que se han hecho tanto a petición de la fiscalía representada por John O´Donell, como por los abogados de algunos de los co acusados y varios de estos que en diferentes fechas han expuestos motivos disímiles para solicitar los aplazamientos.
Mientras eso ocurre en Nueva York, donde al cabo de tres años y meses, el impacto sobre las sensacionales expectativas creadas en principio por los resortes mediáticos del gobierno, prácticamente han colapsado, en San Juan de la Maguana, ciudad sureña de la República Dominicana, la población está a la espera de qué ocurrirá con los bienes que Quirino tiene allí.
Para muchos, un testaferro por excelencia de altas figuras de la política, la milicia y el empresariado, Quirino es considerado por algunos como la “víctima” que a cambio de no se sabe qué, decidió echarse el expediente encima, pero resulta que el llegar a los Estados Unidos extraditado y notar la diferencia entre la confiabilidad y la seguridad del sistema jurídico norteamericano y el mamotreto judicial existente como marco en su país natal, al parecer, el ex capitán decidió otra cosa.
Y hasta el momento, siendo él la figura más importante del caso, no se tiene una sola información oficial o que proceda de parte de su familia, abogados o allegados en el sentido de que ha negociado, delatado o se haya transado por una sentencia leve.
La firmeza con que “El Don” de Elías Piña ha mantenido su “inocencia” en las ergástulas federales de Nueva York, ha hecho que jurídicamente, el caso en su contra comenzara a debilitarse en el estrado desde que la semana pasada un escarceo hecho por este reportero sobre los 21 expedientes, encontró que 124 mociones han sido presentadas por las partes envueltas.
En los días en que comenzó el que muchos califican un “gran espectáculo” de la fiscalía federal en Nueva York y un show circense en la República Dominicana, matizadas ambas actuaciones por declaraciones tan tremendistas como las del fiscal O´Donell quien arrebatado por la falsa emoción de un “gran caso” se atrevió a decir que varios de los inculpados podrían ser condenados a cadena perpetua.
Algunos abogados con sobrada experiencia en la materia como el defensor de Quirino Lawrence F. Ruggiero, se rieron de la amenaza del fiscal y estimaron que formaba parte de las “poses” de prensa de los funcionarios de ese nivel en Estados Unidos.
El caso principalmente se ha basado en grabaciones en las que incluso hay imputados que ni siquiera se refieren remotamente a la palabra “droga” o a transacciones de narcotráfico internacional como pesa en las acusaciones máximas a cada uno de los acusados.
Ese es por ejemplo, el caso de los empresarios Fátima Henríquez Díaz y Juan Cruz Crisóstomo, quienes sostuvieron una conversación en la que sólo hablaron de una posible compra y venta de una casa en La Romana. Es ampliamente conocido que los narcotraficantes nunca van a utilizar un lenguaje obvio o claro para referirse a sus transacciones ilegítimas. Empero, son los fiscales los que tienen que probar que cada palabra o cada frase utilizada se refiere de manera subrepticia a una conversación sobre el delito implicado.
Las negociaciones de algunos de los acusados en el caso Quirino los beneficia, si se toma en cuenta que sus sentencias son prácticamente a “tiempo cumplido” y que en el caso del ex coronel Lidio Arturo Nin Terrero, quien supuestamente era el “vaqueo” y custodia de 1,387 kilos de cocaína su tiempo en la cárcel es de siete años máximo de los que sólo tendrá que cumplir menos de cuatro.
Su acompañante en el camión que llevaba alegadamente esa misma droga el chofer Tirso Cuevas Nin, su condena es de 57 meses y ese tiempo se le descontó el que estuvo preso en Santo Domingo antes de ser extraditado a Nueva York. El casa cambista de Moca Abel Peña Burdiez negoció declararse culpable por lavado de $75 mil dólares, transacción que ni siquiera se hizo en la República Dominicana, sino entre Washington y Nueva York y será sentenciado a unos tres años y medios de cárcel.
Los acuerdos de los demás tienen penas similares por lo que hasta ahora, nadie llegaría a ser condenado a 10 años de cárcel. Si se toma en cuenta la dureza de las condenas federales en Estados Unidos por casos de drogas, donde las penas menores en la mayoría de los casos, llegan hasta los 15 años de cárcel, con igual tiempo a nivel estatal, se verá que el caso Quirino no sólo ha caído jurídicamente en debilidad, sino que deja desarmada de argumentos que justifiquen condenas más severas a los implicados.
SIGUE ABIERTO
En cuanto a la confusión creada por un blog dominicano que se publica en la red en el sentido de que Quirino ha negociado con la fiscalía y se declaró “culpable”, sellándose su caso, desde la oficina de récords (clerk) de la jueza Kimba Wood, se negó la especie.
Una asistente de Wood que se identificó sólo como “Sarah” explicó que hasta el momento no se manejan informes en ese aspecto y que el caso sigue abierto y en proceso.
-¿Está sellado o abierto el caso del señor Paulino Castillo?, preguntó este reportero a la asistente.
-El caso sigue abierto y nada se ha sellado.
-¿Se declaró ya el señor Paulino Castillo culpable?
-No podemos dar en absoluto ninguna información sobre ese aspecto.
-¿Habrá juicio o no el próximo 22 de agosto de este año?
-No, no habrá juicio, lo que haremos es una audiencia premilitar.
Por su parte la encargada de la oficina de Records Abiertos (Open Records Office) de la Corte Federal señora Soraya Vázquez coincidió con la asistente de la jueza Wood, pero aclaró que cuando un expediente se sella, “significa que nadie en absoluto, por orden de la jueza, debe saber nade del caso. Ni siquiera que está sellado se le puede informar ni al público, ni ustedes la prensa: la respuesta debería ser: no hay información”.
