El juez de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, Francisco Valera, dijo ayer que autorizó la intervención de varios números telefónicos que resultaron ser de altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de la oposición, en virtud del artículo 291 del Código Procesal Penal y porque se trataba de una investigación secreta.
El magistrado Valera dijo que autorizó el pedimento formulado por el fiscal adjunto José Miguel Cabrera, en virtud al artículo 291 del referido código, al tiempo que rehusó ofrecer más detalles del tema, alegando que es “una investigación secreta”.
El artículo 291 del Código Procesal Penal expresa que si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación.
El juez de la instrucción alegó ese artículo para justificar su decisión, tras precisar que desconoce si a esas personas, que se alega se le intervinieron los teléfonos, se les solicitara medida de coerción o anticipo de pruebas.
Colegio de abogadosDe su lado, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Fernando Pérez Vólquez, calificó como un acto grosero y odioso de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, solicitar la intervención de llamadas telefónicas de dirigentes de la oposición con nombres falsos.
Manifestó que si hay una superposición de nombres la responsabilidad es del ministerio público y del fiscal que actuó en el caso, por lo que este debe ser destituido, cancelado y sometido a la justicia, por ser un acto grosero y odioso.
Pérez Vólquez dijo que el juez de la instrucción Valera actuó de manera correcta al autorizar la intervención de llamadas telefónicas, ya que el ministerio público le solicitó que intervenga la comunicación de personas con el pretexto de la comisión de un acto ilícito o porque está haciendo una investigación determinada.
Los dirigentes perredeístas Ramón Albuerquerque y Orlando Jorge Mera denunciaron que el juez Valera, autorizó la intervención de llamadas telefónicas a los dirigentes de la oposición con nombres falsos.