El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, dispuso la suspensión sin disfrute de sueldo y el sometimiento a juicio disciplinario del fiscal adjunto, William Lara, quien dictaminó a favor de la libertad condicional de Rolando Florián Félix, quien cumple una condena de 20 años en Najayo por narcotráfico.
El jefe del Ministerio Público adoptó la decisión, tras acoger una recomendación formulada por la comisión designada para investigar el caso, integrada por los magistrados Bolívar Sánchez, encargado de asuntos internos de la Procuraduría y Henry Cerda, supervisor general de fiscalías.
Según el informe entregado a Jiménez Peña a raíz de la investigación del fiscal adjunto Lara, la referida comisión habla de mal comportamiento del recluso Florián Félix, señalando que éste ha intentado fugarse de la cárcel en diferentes ocasiones.
Sostiene que el recluso ha agredido a autoridades, además de estar implicado en el secuestro y asesinato del hijo del ex senador por Barahona Augusto Félix Matos, y que el mismo no calificaba para ser tomado en cuenta en un dictamen de una libertad condicional.
Florián Feliz, quien ha cumplido ya 14 años de una condena de 20, tras ser encontrado culpable de narcotráfico, buscaba obtener su libertad por ante el juez interino del Tribunal de Ejecución de la Pena, Leonardo Antonio García, quien le rechazó el pedido de libertad.
Durante los últimos años, Florián Félix ha buscado ser liberado por distintas vías, incluso a través de la Suprema Corte de Justicia.
William Lara alega que decidió favorecer la libertad de Florián Félix por temor a represalias, tras considerar que el recluso es un hombre muy peligroso y sentía temor de que pudiera dirigir alguna acción en contra suya o de su familia si no le favorecía con el dictamen.
El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, quien solicitó someter al fiscal adjunto William Lara a juicio disciplinario, sostiene que el dictamen emitido por éste es “irresponsable, temerario y torpe”, porque contradice la política del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y del Estado dominicano en torno a la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.
