El ex director del Plan Renove, Fabio Ruiz Rosado, se entregó ayer ante el juez de ejecución de la pena y el fiscal, Perfecto Acosta, de la provincia de Santo Domingo, para comenzar a cumplir la pena de cuatro años de prisión.
El ex colaborador del pasado gobierno se presentó al Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, horas después de ser notificada la orden de arresto emitida por el juez de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Rafael García Abreu. Anoche pernoctó en la cárcel del Palacio de Justicia de Santo Domingo.
También el juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional, Saulo Alexis Isabel, notificó las órdenes de arresto y prisión domiciliaria contra seis de los condenados de incurrir en actos de corrupción por más de 1,800 millones de pesos, a través de la compra y distribución de los vehículos del Plan Renove.
El magistrado Alexis Isabel dictó orden de arresto contra Milcíades Amaro Guzmán, Blas Peralta Peralta y Casimiro Antonio Marte, en cumplimiento a la decisión de la Suprema Corte.
En otro acto, invitó a Pedro Franco Badía y Francisco Antonio Pérez a una reunión para discutir todos los aspectos relacionados con la prisión domiciliaria, mañana viernes en su despacho de la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cumpliendo la resolución número 428-2008.
Mientras el juez de ejecución de la pena de Santo Domingo, García Abreu, ordenó arresto contra Alfredo Pulinario Linares y Freddy William Méndez. En tanto, el juez de ejecución de Santiago deberá proceder contra el imputado Gervasio de la Rosa.
El magistrado Alexis Isabel informó que no había ordenado el arresto contra los imputados Antonio Marte, Blas Peralta y Antonio Reynoso (Padre Toño), porque fue apoderado de varios incidentes presentados por sus abogados.
El juez alegó que no procedía ejecutar la sentencia porque los abogados presentaron recursos de revisión.
“También tuve que estudiar la solicitud que le hizo Blas Peralta solicitando una modalidad del cumplimiento de la pena por razones de salud, pero el pedido fue negado”, dijo.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia está apoderada de siete recursos de revisión contra la sentencia presentados por Marte, Reynoso, Ruiz Rosado, Amaro Guzmán, Pulinario Linares, Freddy Méndez y Franco Badía, según confirmó la secretaria del tribunal, Grimalda Acosta.
Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, informó que hoy presentará todos los recursos de revisión ante el pleno del organismo.
Ruiz Rosado deberá cumplir una sanción de cuatro años y pagar una multa de 10 millones de pesos; Amaro Guzmán, tres años de reclusión y cinco millones de pesos en multas, y Antonio Marte, tres años de reclusión y cinco millones de pesos.
También, Gervasio de la Rosa, tres años de cárcel y tres millones de pesos en multa; Blas Peralta Peralta, Pulinario Linares y Antonio Pérez deberán cumplir condenas de seis meses de prisión correccional. Mientras Antonio Reynoso (Padre Toño) deberá cumplir dos meses de prisión correccional, y Freddy Méndez, a seis meses y dos millones de pesos en multas.
En tanto, el procurador adjunto, Hotoniel Bonilla, informó ayer que la Dirección de Persecución de la Corrupción está esperando que los jueces de ejecución de la pena del Distrito y Santo Domingo les notifiquen las medidas que van a tomar contra los condenados.
Cartas de hipólito a SCJ
En febrero y marzo de este año, el ex presidente Hipólito Mejía envió dos cartas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y los demás integrantes del pleno, en las que explicaba todo lo relacionado con las operaciones del Plan Renove.
En la última misiva Mejía Domínguez ratificó que todas las unidades vehiculares entregadas por Franco Badía fueron autorizadas por él dentro de las prerrogativas que le confería la Constitución como presidente de la República.
En la primera carta del 22 de febrero el ex presidente se propuso a la Suprema Corte para “declarar como testigo útil para el proceso de revisión y, sobre todo, para el establecimiento definitivo de la verdad”.
Argumentó que la compra de los vehículos se hizo de manera transparente y se produjo una distribución racional, equitativa y con una recuperación de la inversión, lenta, pero segura, donde no podría estar la prevaricación y el desfalco o la estafa.
Dijo que todos los dirigentes sindicales del Plan Renove ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos, sino en representación de cada una de sus centrales sindicales.
Mejía señaló que en la actualidad más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, y que las matrículas y contratos están acorde con la de venta condicional de muebles.
Diversas etapas del proceso
Los condenados fueron sometidos a la justicia el 18 de noviembre de 2004 y se les puso medidas de coerción a 14 imputados.
Diez fueron condenados y cuatro descargados por la jueza de la Quinta Sala Penal. Luego, todos fueron descargados por la Tercera Sala de la Corte Penal.
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SJC) rechazó la decisión y envió el expediente a la Corte de Santo Domingo, que ratificó la decisión de primer grado.
El fallo fue rechazado por el pleno de la SCJ que envió el expediente a la Primera Sala de la Corte del Distrito, que volvió a ratificar la decisión de primer grado.
