El presidente de la Conferencia del Episcopado y ex obispo de Barahona, Fabio Mamerto Rivas considera que deben estar presas las personas que autorizaron la entrada al país de un barco con residuos tóxicos, aunque sea el Presidente de la República.
“Deben estar presos, yo soy primo hermano de Pedro de Jesús Candelier en eso. Aunque sea el Presidente de la República que hizo eso tiene que haber una autoridad judicial por encima de eso”, indicó.
Sostuvo que si en el país no hay leyes que sancionen a esas personas hay que crearlas. “Sanciones de peso, no cuestioncitas de que váyanse y nos vemos mañana, sino sanciones de peso”, apuntó.
Rivas se cuestionó el por qué traer esos desechos sólidos al país si Estados Unidos tiene tantos desiertos y ya otros países lo habían rechazado, pero “me parece que cuando hay cuarto le tumban el pulso a los más grandes”.
Indicó que a los que hay que presionar con esa acción no es a los guardias ni los policías, quienes ganan sueldos de miseria, sino a los que otorgaron el permiso.“ A las autoridades locales, regionales y nacionales. Solamente si las locales no funcionan, deben intervenir las regionales y las nacionales e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
En cuanto si deben cambiar algunas autoridades con la conformación de un nuevo Gobierno en agosto próximo, monseñor dijo que algunas autoridades están haciendo su trabajo y otras no.
“Dios, La Virgen y las Ánimas Venditas quieran que los que vengan, cuando se sienten ahí, se den cuenta que ya ni son los mismos”.
Aumentos de sueldoEl prelado reconoció que las autoridades competentes y los policías son débiles (en cuanto a la vigilancia del medioambiente), pero que no se le puede pedir más a los policías con los sueldos que devengan.
“No les da ni para la leche de los hijos, entonces que significa eso?, que el que no está bien plantado en su dignidad, pues es capaz de hacer cualquier cosa para aumentar solamente la comida de su casa.
Reiteró su demandada de aumento salarial para los policías y dijo que es preferible reducir a la mitad la cantidad de agentes pero con salarios que les permitan vivir dignamente.