WASHINGTON.- El Gobierno de República Dominicana violó las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al no informarle de un crédito que extendió a la empresa privada Sun Land, dijo hoy el organismo.El caso también supuso el incumplimiento de sus compromisos con el Fondo porque llevó a una suspensión de pagos temporal por parte del Gobierno, indicó a Efe un portavoz del Fondo, que no quiso ser identificado.
Ese préstamo, por valor de 130 millones de dólares, se ha convertido en tema principal de la campaña electoral en República Dominicana, pues el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mantiene que la operación violó la constitución del país al no recibir la autorización del Congreso Nacional.
El contrato fue firmado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado, Félix Bautista, quien suscribió los 19 pagarés del préstamo, que aparentemente entraron en suspensión de pagos temporalmente.
El Consejo Ejecutivo del Fondo, que representa a los 185 países miembros del organismo, analizó el caso durante su última revisión del acuerdo crediticio con República Dominicana, que realizó el 30 de enero, y el lunes divulgó un comunicado con sus conclusiones.
En su último párrafo, el Consejo dijo que República Dominicana no cumplió con uno de los parámetros del acuerdo conjunto y violó también el Artículo VIII de la "carta magna" de la institución al no informarle de una suspensión de pagos de la deuda pública ocurrida el año pasado.
En su sección quinta, ese Artículo obliga a los países miembros a dar datos veraces sobre su nivel de deuda.
Pese a la infracción, el Consejo Ejecutivo anunció que no tomará "ninguna medida adicional en este momento" contra el país, en vista de que su Gobierno había adoptado "acciones correctivas" para que no vuelva a ocultarse información y que no se repita una mora en el pago de la deuda pública.
En el párrafo no se menciona a la empresa Sun Land, pero el portavoz del Fondo confirmó que fue el préstamo otorgado a esa empresa lo que provocó la suspensión de pagos temporal.
"Desde entonces las autoridades (dominicanas) han abonado parte de la deuda y renegociado los pagos de otra parte", dijo el funcionario, quien no quiso dar detalles sobre lo que provocó la falta de pago inicial.
El caso del préstamo a Sun Land "respalda el punto de vista de que fortalecer las instituciones fiscales, tal y como está contemplado en las leyes aprobadas en el 2007, es necesario para evitar operaciones similares en el futuro", afirmó el portavoz.
Con sus declaraciones, el Fondo indicó que considera ese préstamo como deuda pública y que el Gobierno no debía haberlo extendido.
El Consejo Ejecutivo llegó a esas conclusiones después de que los expertos del Fondo analizaran y le presentaran un informe sobre la "documentación amplia" que el Gobierno le proporcionó a principios de noviembre sobre el caso.
Diferente es el punto de vista del Ejecutivo dominicano. El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, ha dicho que el contrato no constituye un crédito público según la ley dominicana y que no requería la aprobación del Congreso Nacional para ser extendido.
El PRD, por su parte, mantiene que sí necesitaba el visto bueno de la Legislatura y junto con el Foro Social Alternativo ha interpuesto un recurso ante la Suprema Corte de Justicia en el que pide que declare ese préstamo como inconstitucional.
El presidente del país, Leonel Fernández, ha afirmado que la operación fue legal y transparente.
En diciembre, el Gobierno rescindió el contrato, firmado en mayo de 2006, de "mutuo acuerdo" con la empresa por causa de los atrasos en las obras que debía haber realizado Sun Land.
La suspensión de pagos temporal fue uno de los cinco puntos en los que República Dominicana incumplió su acuerdo crediticio con el FMI, según la declaración del Consejo Ejecutivo, que aún así aprobó el último desembolso para el país, por valor de 122 millones de dólares.
El Banco Central reconoció esos cinco puntos en una nota que divulgó el 30 de enero. No mencionó, sin embargo, el tema de Sun Land, sino que dijo que el Consejo aprobó una "dispensa" al país por ser responsable de "breves atrasos externos".
