El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo ayer que ese tribunal no tiene competencia para aplicar sanciones a partidos o candidatos que utilicen un lenguaje ofensivo contra sus adversarios.Recordó que la JCE solo tiene facultad legal para dictar reglamentos y amonestar durante la campaña. Dijo que se trata de un asunto complejo y remitió a los partidos que se sientan víctimas a recurrir ante los tribunales ordinarios, porque la difamación, la injuria y la ofensa a un presidente de la República son delitos penales que deben ser conocidos por la justicia ordinaria, por tratarse de acciones privadas.
Castaños Guzmán favoreció que los candidatos y dirigentes de los partidos bajen el tono del debate, pero precisó que el tribunal no puede obligarlos a reunirse si no existe voluntad de parte de ellos. En tanto, expresó que celebrarían una audiencia pública con los delegados de los partidos si decidiesen incluir la posibilidad de amonestar un partido o a un candidato por el uso de una publicidad que atente contra el honor y el decoro de los adversarios.
Explicó que los que se sientan afectados tienen cuatro alternativas: acudir a los tribunales ordinarios si se sienten víctimas de una acción privada; pedir a la JCE que aplique una amonestación; solicitar a la JCE que medie o plantearle que convoque a una audiencia pública para escuchar a las partes.
Señaló que se debe mantener el nivel y la cordura, ya que solo faltan tres meses para las elecciones. Consideró que se puede decir todo garantizando el respeto a las personas. “Si alguno ha faltado, pienso que lo cortés no quita lo valiente, el tono hay que bajarlo, no quita nada que respetemos a los demás, nosotros aquí estamos organizando el certamen electoral y aquí el que ganó ganó”, advirtió.
Indicó que todos los ciudadanos tienen derecho a que se preserve su buen nombre y reputación, y recordó que la Ley 6132 dice que es libre la expresión y difusión del pensamiento, pero sin atentar contra el honor de las personas.
Castaños Guzmán señaló que la difamación y la injuria, la ofensa al presidente de la República y la publicación de imágenes de una reunión privada son delitos penales. Sin embargo, aclaró que su persecución corresponde a los tribunales ordinarios mediante un recurso que presenten las víctimas, porque se trata de acciones privadas. Por otra parte, el juez de la JCE, Eddy Olivares, pidió al pleno de ese tribunal convocar a los dirigentes y candidatos de los partidos a una reunión de trabajo y reflexión, en la cual sugirió se discuta la firma de un pacto de ética y un reglamento de coordinación de los actos de campaña.
Olivares hizo la propuesta en un documento que remitió ayer al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, para solicitarle también incluir el tema en la agenda de la próxima sesión del Pleno.
Olivares explica que la reunión tendrá la finalidad de buscar armonía entre los partidos y recordarles las reglas que deben primar en el proceso electoral.
Reunión del PlenoSegún la propuesta de Olivares, a la reunión serán invitados los candidatos presidenciales, así como los presidentes, secretarios generales, delegados políticos y directores nacionales de campaña de los partidos políticos. Trascendió que el Pleno de la JCE se reunirá el próximo miércoles, lo cual habían acordado los jueces en la última sesión celebrada el martes de la semana pasada. En la JCE se dio ayer como un hecho que la propuesta de Olivares sea conocida en esa sesión.
Olivares, miembro de la Cámara Contenciosa de la JCE, planteó en el documento que a partir de la proclama electoral se ha producido una inusual utilización en público de expresiones insultantes por parte de algunos importantes dirigentes políticos.
Puntualizó que la Constitución, la ley y la firme voluntad de cumplir cabalmente con sus obligaciones aconsejan que la JCE debe requerir a los partidos tomar el camino de la prudencia y la concordia.
“Las desbordantes descalificaciones se han producido a pesar de que la democracia dominicana se ha consolidado y generado uno de los sistemas de partidos más fuertes de América Latina, el cual debe ser protegido por la JCE como una de sus más elevadas misiones”, consideró.
Señaló que para evitar el deterioro de los partidos, se debe impedir que dirigentes políticos atenten contra el derecho al buen nombre y la honra de sus adversarios mediante el empleo de calificativos insultantes y epítetos degradantes.
Sostuvo que con sobrada razón diversos sectores de la sociedad temen que si la campaña continúa contaminada de insultos y descalificaciones se podría arrastrar a los militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas hacia una peligrosa confrontación física que podría afectar la estabilidad democrática del país.
No obstante, reconoció que a pesar del comportamiento inapropiado de algunos dirigentes políticos, no se ha generado ningún hecho de violencia.
