“La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, le pide al Estado dominicano y por ende al gobierno con sus instituciones que demuestre su compromiso con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con el esclarecimiento del crimen de Ángel Christopher Martínez, ocurrida hace tres años, mientras se desempeñaba como encargado del departamento de aeronavegabilidad del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), anterior Dirección General de Aeronáutica Civil.
La lucha contra la impunidad y la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, se expresa esclareciendo y sometiendo a la acción de la justicia a los responsables de la comisión de un hecho, como el que le costó la vida a un ciudadano que por mucho tiempo le brindo un servicio al Estado dominicano, con total apego a la ética y la transparencia.
Adocco solicita de las autoridades del Ministerio Publico, que procuren el auxilio del Federal Bureau of Investigation, FBI, habida cuenta que una de las posibles causas del vil asesinato puede estar ligado a la investigación solicitada por la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos, el 26 de mayo del 2006, a una aeronave, por tratarse de un asunto delicado y de mucha importancia para las autoridades Norteamericanas.
El que hayan transcurrido tres años sin que se haya esclarecido el horrendo asesinato, manda una señal equivocada de las autoridades, lo que vendría a robustecer el auge que ha tenido el sicariato en los últimos tiempos en la República Dominicana, que se ha constituido en una industria mas del crimen organizado.
La falta de respuesta al asesinato de Ángel Christopher Martínez, vendría a expandir el manto de impunidad que amenaza con arropar a la sociedad dominicana, por lo que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, inicio desde ya, denuncias ante organizaciones hermanas del exterior, con el propósito de sensibilizar a la comunidad internacional, respecto a la falta de interés que hasta ahora han demostrado las autoridades, por lo que se pone a deposición de los familiares, para acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hasta dar con los responsables”.