La Cámara de Cuentas someterá a la justicia por desacato a los responsables de instituciones descentralizadas y autónomas, ayuntamientos y juntas municipales, así como de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que al 31 de enero no hayan informado sobre sus ejecuciones presupuestarias del 2007.Los responsables de omisiones y atrasos podrían se sancionados con prisión correccional de seis meses a dos años y multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público, según establece el artículo 56 de la ley 10-04.
Así lo advirtió ayer el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Henry Mejía, quien subrayó que ese organismo está preocupado por la “irresponsabilidad” de las ONG, instituciones descentralizadas, autónomas y los ayuntamientos que no envían las informaciones sobre las ejecuciones presupuestarias, lo cual le impide preparar a tiempo los informes que debe rendir al Congreso Nacional en la primera legislatura ordinaria de cada año.
Dijo que las autoridades han hecho múltiples esfuerzos enviándoles comunicaciones, realizando llamadas telefónicas y a través de una nota de prensa publicada en dos periódicos, con el objetivo de demandar la recepción de las informaciones en el término requerido por la ley, “y de no hacerlo entrarían en desacato con la misma”.
El artículo 56 de la ley 10-04 que dice textualmente: “Todo funcionario o empleado público que se niegue a prestar su colaboración para que la Cámara de Cuentas cumpla con los cometidos puestos a su cargo por la presente ley, o de cualquier otra manera obstaculice la labor de sus auditores, funcionarios o empleados, o que se niegue a acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta ley ordene la Cámara de Cuentas, será culpable de desacato, y como tal, sancionado con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de 20 a 50 salarios mínimos vigentes en el sector público”.
