Afirman secuestro y amenaza de muerte a dominicana se origina por la circular discriminatoria de Junta Central Electoral

La mujer es familiar de Emildo Bueno, quien habia solicitado acción de amparo frente a la Circular 017 de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE). La medida prohíbe otorgar actas de nacimiento a ciudadanos descendientes de extranjeros que nacieron en la República Dominicana y que no hayan probado la residencia o estatus legal de sus padres. La circular, aprobada en marzo 2007, fue cuestionada por inconstitucional y afecta a miles de dominicanos descendientes de extranjeros que ya cuentan con cédula de identidad y electoral legalmente otorgadas.
Organizaciones de la sociedad civil dominicana denunciaron hoy el secuestro, agresión y amenaza de muerte a la ciudadana dominicana Gysselle Baret Reyes. El hecho tuvo lugar el lunes 12 de julio en la ciudad de Villa Altagracia, donde Baret Reyes fue abordada en horas de la mañana por tres desconocidos que a punta de pistola la obligaron a subir un vehículo. Durante el secuestro, que duró aproximadamente tres horas, la mujer fue vioentamente interrogada sobre el paradero de su familiar Emildo Bueno, quien en febrero de 2008 solicitó acción de amparo para la suspensión de la instrucción emitida por la Camara administrativa de la JCE y cuyo caso fue dado a conocer en medios de comunicación nacional.
Los secuestradores amenazaron de muerte tanto a la señora Baret Reyes como a su pareja el señor Minoscal De Olis Oguizaal y a su primo, el denunciante Emildo Bueno, advirtiéndole que "si seguían por ese camino", tanto Bueno, como ella y sus respectivos familiares “se iban a ahogar antes del miércoles”. Las organizaciones informaron además que el representante del Ministerio Público de Villa Altagracia se negó a recibir la denuncia de la víctima, a pesar del evidente estado de maltrato físico en que se encontraba al momento de presentarse al destacamento policial de esa ciudad.
"Como puede verse -explicaron las organizaciones en la rueda de prensa celebrada hoy en Santo Domingo- se trata de una acción que pretende atemorizar con la violencia, al margen de la ley y con métodos absolutamente criminales, a aquellos que han elegido el camino de la institucionalidad y la justicia para reclamar sus derechos. Estos criminales no soportan que ciudadanos humildes, que no han cometido otro crimen que el de haber nacido de padres haitianos en tierra dominicana, hagan uso de los medios que el propio sistema jurídico les pone a su disposición para el reclamo de sus derechos y libertades".
Las entidades explicaron que esta medida de la JCE atenta contra el principio de irretroactividad de las leyes, ya que aplica de manera retroactiva la Ley de Migración 285-04. Con esta decisión, las autoridades desconocen que personas en situación similar a la de Baret Reyes, Bueno y De Olis poseen cédulas de identidad y electoral, han ejercido en múltiples oportunidades el derecho al voto y obtenido sus pasaportes dominicanos.
Finalmente, reclamaron al Procurador General de la República "la inmediata puesta en movimiento de la acción pública, de manera tal que se lleve a cabo una minuciosa investigación del hecho criminal que estamos denunciando, a fin de que tanto sus responsables materiales como intelectuales sean sometidos a la acción de la justicia y les sean aplicadas las sanciones que disponen las leyes ante hechos tan graves”. Solictaron también que el Jefe de la Policía Nacional, el señor Secretario de Interior y Policía y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, para que se disponga de manera inmediata un efectivo dispositivo de seguridad que permita garantizar la vida y la integridad física de Gysselle Baret Reyes, de Emilgo Bueno y de sus familiares.

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes
Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)
COALICIÓN DE REDES POR LOS DERECHOS HUMANOS