El Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral destacó la necesidad de establecer una Junta Central Electoral integrada por cinco miembros cuya responsabilidad sea organizar, dirigir y supervisar las elecciones a los cargos electivos nacionales, congresionales y municipales y que conserve las responsabilidades relativas a la organización, manejo y supervisión del Registro del Estado Civil.Al pronunciar un discurso para dejar inaugurado “El Primer Encuentro Internacional de Administradores de Procesos Electorales de América Latina”, y ante la presencia del Presidente del Senado de la República, doctor Reynaldo Pared Pérez y del de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, el doctor Rosario Márquez dijo la Junta Central Electoral que propone debe ser seleccionada y designada por una mayoría especializada del Senado de la República, que represente la tercera parte de su matrícula.
Asimismo sugirió la creación de un Tribunal Supremo Electoral que tenga como función juzgar todos los recursos de impugnación, demandas, quejas y violaciones a la normativa legal electoral, conocer todos los asuntos contenciosos, y en adición a esto, atribuir toda la competencia para conocer y juzgar las instancias relativas a las Actas del Estado Civil, tales como rectificaciones, declaraciones tardías y cambio de nombre.
El Presidente de la Cámara Administrativa amplía su propuesta señalando la conveniencia del establecimiento de la figura del Legislador Nacional, a fin de garantizar la participación de las minorías y su inserción en los órganos de funcionamiento del Estado así como la rediscusión de la aplicación del voto preferencial, a fin de corregir las distorsiones que ha introducido en la vida de los partidos y en los procesos electorales, con el propósito de determinar la viabilidad del mismo.
Asimismo, en el aspecto electoral de la reforma constitucional recomienda a los legisladores
valorar la idea de establecer, que en adición al porcentaje del 50 por ciento más uno, consignado para resultar electo en una primera vuelta, cuando entre uno y otro candidato medie una diferencia de un diez por ciento, resulte innecesaria la convocatoria a una segunda vuelta.
En adición a esta adecuación constitucional de la estructura electoral dominicana, planteó la necesidad de introducir novedosas figuras como nuevas instituciones de derecho electoral en la República Dominicana, destacando entre estas propuestas la creación de la institución del plebiscito y del referéndum.
El magistrado electoral explicó que como se ha visto anteriormente, aunque hay amplios niveles de aceptación y confianza de la ciudadanía respecto de los procesos que se llevan a cabo, no existen instituciones que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos, de ahí que el establecimiento de la institución del referéndum y el plebiscito puede jugar un papel importante en el proceso democrático de nuestro país, sobre todo, cuando estas instituciones nuevas están dirigidas a decidir sobre políticas sociales y económicas, para solo enunciar algunas, las políticas sobre energía, sobre manejo de agua, sobre seguridad ciudadana y porte de armas, sobre migración, en fin, sobre una variedad de temas que de manera indistinta los poderes públicos, entiéndase el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los propios órganos de Estado, como la Junta Central Electoral, se ven obligados a tratar, sin el necesario trasvase, monitoreo, participación y decisión de la ciudadanía. Estas nuevas instituciones merecen nuestro respaldo y deben ser insertadas en nuestro ordenamiento constitucional.
LA REFORMA EN MATERIA DE LA LEY ELECTORAL NO. 275-97
En este mismo sentido, pero en el ámbito estricto de la ley electoral, el Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral dijo recientemente se tuvo la oportunidad de abordar este tema en el seminario desarrollado en el marco del Diplomado en Administración Electoral, organizado por la Cámara Administrativa en coordinación con la Universidad Católica Santo Domingo, donde se abordó el tema de la regulación y control de la campaña electoral, al tiempo de tocar algunos aspectos, que desde su punto de vista, merecen ser revisados. Estos temas son los siguientes:
a) Los plazos y duración de la campaña electoral
b) El acceso a los medios de comunicación y equidad de participación en los mismos
c) El régimen de propaganda y publicidad
d) La reglamentación y definición de la rendición de cuentas
e) El establecimiento de límites en el gasto electoral
f) La restricción a los aportes privados y su reglamentación
g) El régimen de sanciones
h) Los alcances y límites de las encuestas
i) El uso del financiamiento público en la vida institucional de los partidos
j) La regulación de las tarifas publicitarias
k) El establecimiento de un tope en el tiempo y horario en los medios de comunicación
l) El establecimiento de un régimen contable, tomando como base la propuesta formulada por la Cámara Administrativa en el seminario precitado.
En ese sentido, manifestó que es obvio que nuestra normativa electoral también necesita de una reforma integral, que permita afrontar mayores niveles de eficiencia en los procesos venideros. En ese sentido, destaca que existen aspectos puntuales que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar una nueva ley:
a) La posibilidad de introducir nuevas tecnologías en el proceso de escrutinio, transmisión y cómputo electoral
b) El rediseño de la logística electoral para el día de las elecciones en la entrega de materiales y equipos
c) Obligaciones y deberes en los colegios electorales
d) Obligaciones, derechos, deberes y penalidades en el ejercicio del sufragio
e) La profundización y rediseño de las circunscripciones electorales
f) La distribución del financiamiento y la especialización de fondos en aspectos tales como desarrollo institucional, educación y proselitismo
g) La introducción de nuevas modalidades en el proceso de depuración del Registro Electoral
h) La ampliación de los niveles de garantía de los ciudadanos y de los partidos
i) Redimensionar el papel de la Junta Central Electoral en los procesos de organización de las primarias de los partidos políticos, de manera que las mismas se organicen por la institución, en un mismo día, en una misma hora, usando como base el padrón general como fuente de los demás padrones, de manera que la forma de colocación de la boleta y la decisión de quién formaría parte de la misma surja de la voluntad libérrima de los miembros de cada partido.
Estos aspectos, entre otros, requieren de modificaciones inmediatas en la Ley No. 275-97 y de readecuación a la luz de la reforma constitucional que se produzca.
En adición a esta adecuación constitucional de la estructura electoral dominicana, planteó la necesidad de introducir novedosas figuras como nuevas instituciones de derecho electoral en la República Dominicana, destacando entre estas propuestas la creación de la institución del plebiscito y del referéndum.
El magistrado electoral explicó que como se ha visto anteriormente, aunque hay amplios niveles de aceptación y confianza de la ciudadanía respecto de los procesos que se llevan a cabo, no existen instituciones que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos, de ahí que el establecimiento de la institución del referéndum y el plebiscito puede jugar un papel importante en el proceso democrático de nuestro país, sobre todo, cuando estas instituciones nuevas están dirigidas a decidir sobre políticas sociales y económicas, para solo enunciar algunas, las políticas sobre energía, sobre manejo de agua, sobre seguridad ciudadana y porte de armas, sobre migración, en fin, sobre una variedad de temas que de manera indistinta los poderes públicos, entiéndase el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los propios órganos de Estado, como la Junta Central Electoral, se ven obligados a tratar, sin el necesario trasvase, monitoreo, participación y decisión de la ciudadanía. Estas nuevas instituciones merecen nuestro respaldo y deben ser insertadas en nuestro ordenamiento constitucional.
LA REFORMA EN MATERIA DE LA LEY ELECTORAL NO. 275-97
En este mismo sentido, pero en el ámbito estricto de la ley electoral, el Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral dijo recientemente se tuvo la oportunidad de abordar este tema en el seminario desarrollado en el marco del Diplomado en Administración Electoral, organizado por la Cámara Administrativa en coordinación con la Universidad Católica Santo Domingo, donde se abordó el tema de la regulación y control de la campaña electoral, al tiempo de tocar algunos aspectos, que desde su punto de vista, merecen ser revisados. Estos temas son los siguientes:
a) Los plazos y duración de la campaña electoral
b) El acceso a los medios de comunicación y equidad de participación en los mismos
c) El régimen de propaganda y publicidad
d) La reglamentación y definición de la rendición de cuentas
e) El establecimiento de límites en el gasto electoral
f) La restricción a los aportes privados y su reglamentación
g) El régimen de sanciones
h) Los alcances y límites de las encuestas
i) El uso del financiamiento público en la vida institucional de los partidos
j) La regulación de las tarifas publicitarias
k) El establecimiento de un tope en el tiempo y horario en los medios de comunicación
l) El establecimiento de un régimen contable, tomando como base la propuesta formulada por la Cámara Administrativa en el seminario precitado.
En ese sentido, manifestó que es obvio que nuestra normativa electoral también necesita de una reforma integral, que permita afrontar mayores niveles de eficiencia en los procesos venideros. En ese sentido, destaca que existen aspectos puntuales que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar una nueva ley:
a) La posibilidad de introducir nuevas tecnologías en el proceso de escrutinio, transmisión y cómputo electoral
b) El rediseño de la logística electoral para el día de las elecciones en la entrega de materiales y equipos
c) Obligaciones y deberes en los colegios electorales
d) Obligaciones, derechos, deberes y penalidades en el ejercicio del sufragio
e) La profundización y rediseño de las circunscripciones electorales
f) La distribución del financiamiento y la especialización de fondos en aspectos tales como desarrollo institucional, educación y proselitismo
g) La introducción de nuevas modalidades en el proceso de depuración del Registro Electoral
h) La ampliación de los niveles de garantía de los ciudadanos y de los partidos
i) Redimensionar el papel de la Junta Central Electoral en los procesos de organización de las primarias de los partidos políticos, de manera que las mismas se organicen por la institución, en un mismo día, en una misma hora, usando como base el padrón general como fuente de los demás padrones, de manera que la forma de colocación de la boleta y la decisión de quién formaría parte de la misma surja de la voluntad libérrima de los miembros de cada partido.
Estos aspectos, entre otros, requieren de modificaciones inmediatas en la Ley No. 275-97 y de readecuación a la luz de la reforma constitucional que se produzca.
SOBRE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
Es costumbre escuchar a sociólogos y politólogos desde hace tres décadas anunciar el fin de la clase política, la falta de credibilidad pública de los políticos, la debilidad del sistema de partidos y la inminencia de una crisis de proporciones episódicas que terminarán arrastrando todo el sistema de democracia que hoy vivimos.
Sin embargo, contrario a estos augurios las estadísticas mostradas por investigaciones realizadas, demuestran que muy particularmente en la República Dominicana existe un sistema de partidos fuerte, que ha sabido sobreponerse a sus propias debilidades y que goza de un gran aprecio de la comunidad.
Agregó que en adición a estos estudios citados, los resultados electorales de los últimos procesos permiten demostrar que el sistema de partidos mantiene una gran estabilidad y que un segmento de los mismos ejerce hegemonía relativa sobre el electorado, oscilando la masa de votantes entre uno y otro. Veamos: en el año 1996, tres de los partidos concurrentes obtuvieron el 95 por ciento de los votos emitidos; en el año 2000, estos mismos partidos obtuvieron el 93 por ciento; en el año 2004, obtuvieron el 87.8 por ciento; y en año 2008, el 88.1 por ciento, estas estadísticas no incluyen las alianzas establecidas alrededor de cada una de las candidaturas de estos partidos; si incluyéramos las alianzas que giran alrededor de ellos, la proporción en estos cuatro períodos supera el 97 por ciento de los votos emitidos.
Asimismo, las abstención promedio en estos períodos es de un 25 por ciento, incluyendo en la misma un porcentaje de ausentismo electoral de aproximadamente un 15 por ciento, como consecuencia de algunas inconsistencias que refleja nuestro padrón, debido a la imposibilidad de excluir del mismo a algunos ciudadanos fallecidos en el país y en el exterior, y a una gran proporción de dominicanos que viven en otros países y están incluidos en el listado de electores, por lo que en términos reales la abstención nuestra se mueve en un espacio de un 10 a 15 por ciento, comparada con otros países del área, y dado que en nuestro sistema el tener una cédula de identidad y electoral, que de por sí es obligatorio, y genera el ingreso automático del ciudadano al listado de votantes, podemos decir que tenemos una participación elevada y consistente de la población en los procesos y en el ejercicio del derecho al sufragio.
Se hace necesario el conocimiento de una ley general de partidos que establezca los plazos y tiempo de la precampaña, los requisitos de candidatura, la competencia para la supervisión y fiscalización de la misma, la restricción al universo partidario de estas campañas, el establecimiento de nuevos umbrales para la conservación y pérdida de la personalidad jurídica, el establecimiento de períodos obligatorios de participación individual, el condicionamiento del financiamiento, en fin, todo una serie de normas que reglamenten la función partidaria.
Para lograr estos propósitos necesitamos caminar de la mano de todas las organizaciones políticas y sociales y de los órganos de administración electoral y organismos colaterales de cooperación, que hagan posible que nuestra democracia perfeccione más sus instrumentos de arbitraje y control de proceso, por tanto, estos enunciados que presentamos sólo serán posibles con su concurso, quedando como tarea pendiente en el proceso de reforma en curso.
El acto de inauguración del Primer Encuentro Internacional de Administradores de Procesos Electorales de América Latina fue celebrado en el Hotel V Centenario de la capital con la asistencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, el Presidente del Senado de la República, doctor Reynaldo Pared Pérez, los Presidentes de Tribunales Supremos Electorales de varios países de America Latina, miembros de la Junta Central Electoral y representantes diplomáticos, consulares, dirigentes de partidos políticos y diversas personalidades.
Las palabras de aperturas del evento estuvieron a cargo del Director Nacional de Elecciones, Licenciado Joel Lantigua, y en el mismo también pronunció un discurso el doctor Nicanor Moscoso, Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamerica, quienes destacaron la importancia del encuentro y las repercusiones positivas que tendrán para el fortalecimiento de los sistemas electorales del continente.
Los trabajos del cónclave se inician este miércoles 17 d e los corrientes en el Centro de Convenciones de Bávaro, en la zona este del país, y los mismos se desarrollarán hasta el próximo viernes 19, cuando se realizará la ceremonia de clausura. La relatoría general del evento estará a cargo del Embajador José Octavio Bordón, Jefe de la Misión de Observadores Electorales de la OEA que participó en los pasados comicios del 16 de mayo del año en curso.
Es costumbre escuchar a sociólogos y politólogos desde hace tres décadas anunciar el fin de la clase política, la falta de credibilidad pública de los políticos, la debilidad del sistema de partidos y la inminencia de una crisis de proporciones episódicas que terminarán arrastrando todo el sistema de democracia que hoy vivimos.
Sin embargo, contrario a estos augurios las estadísticas mostradas por investigaciones realizadas, demuestran que muy particularmente en la República Dominicana existe un sistema de partidos fuerte, que ha sabido sobreponerse a sus propias debilidades y que goza de un gran aprecio de la comunidad.
Agregó que en adición a estos estudios citados, los resultados electorales de los últimos procesos permiten demostrar que el sistema de partidos mantiene una gran estabilidad y que un segmento de los mismos ejerce hegemonía relativa sobre el electorado, oscilando la masa de votantes entre uno y otro. Veamos: en el año 1996, tres de los partidos concurrentes obtuvieron el 95 por ciento de los votos emitidos; en el año 2000, estos mismos partidos obtuvieron el 93 por ciento; en el año 2004, obtuvieron el 87.8 por ciento; y en año 2008, el 88.1 por ciento, estas estadísticas no incluyen las alianzas establecidas alrededor de cada una de las candidaturas de estos partidos; si incluyéramos las alianzas que giran alrededor de ellos, la proporción en estos cuatro períodos supera el 97 por ciento de los votos emitidos.
Asimismo, las abstención promedio en estos períodos es de un 25 por ciento, incluyendo en la misma un porcentaje de ausentismo electoral de aproximadamente un 15 por ciento, como consecuencia de algunas inconsistencias que refleja nuestro padrón, debido a la imposibilidad de excluir del mismo a algunos ciudadanos fallecidos en el país y en el exterior, y a una gran proporción de dominicanos que viven en otros países y están incluidos en el listado de electores, por lo que en términos reales la abstención nuestra se mueve en un espacio de un 10 a 15 por ciento, comparada con otros países del área, y dado que en nuestro sistema el tener una cédula de identidad y electoral, que de por sí es obligatorio, y genera el ingreso automático del ciudadano al listado de votantes, podemos decir que tenemos una participación elevada y consistente de la población en los procesos y en el ejercicio del derecho al sufragio.
Se hace necesario el conocimiento de una ley general de partidos que establezca los plazos y tiempo de la precampaña, los requisitos de candidatura, la competencia para la supervisión y fiscalización de la misma, la restricción al universo partidario de estas campañas, el establecimiento de nuevos umbrales para la conservación y pérdida de la personalidad jurídica, el establecimiento de períodos obligatorios de participación individual, el condicionamiento del financiamiento, en fin, todo una serie de normas que reglamenten la función partidaria.
Para lograr estos propósitos necesitamos caminar de la mano de todas las organizaciones políticas y sociales y de los órganos de administración electoral y organismos colaterales de cooperación, que hagan posible que nuestra democracia perfeccione más sus instrumentos de arbitraje y control de proceso, por tanto, estos enunciados que presentamos sólo serán posibles con su concurso, quedando como tarea pendiente en el proceso de reforma en curso.
El acto de inauguración del Primer Encuentro Internacional de Administradores de Procesos Electorales de América Latina fue celebrado en el Hotel V Centenario de la capital con la asistencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, el Presidente del Senado de la República, doctor Reynaldo Pared Pérez, los Presidentes de Tribunales Supremos Electorales de varios países de America Latina, miembros de la Junta Central Electoral y representantes diplomáticos, consulares, dirigentes de partidos políticos y diversas personalidades.
Las palabras de aperturas del evento estuvieron a cargo del Director Nacional de Elecciones, Licenciado Joel Lantigua, y en el mismo también pronunció un discurso el doctor Nicanor Moscoso, Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamerica, quienes destacaron la importancia del encuentro y las repercusiones positivas que tendrán para el fortalecimiento de los sistemas electorales del continente.
Los trabajos del cónclave se inician este miércoles 17 d e los corrientes en el Centro de Convenciones de Bávaro, en la zona este del país, y los mismos se desarrollarán hasta el próximo viernes 19, cuando se realizará la ceremonia de clausura. La relatoría general del evento estará a cargo del Embajador José Octavio Bordón, Jefe de la Misión de Observadores Electorales de la OEA que participó en los pasados comicios del 16 de mayo del año en curso.
