Diversos sectores rechazan proyecto de el primer empleo porque vulnera derechos de trabajadores

El proyecto de ley del Primer Empleo sometido al Congreso Nacional por la diputada Karen Ricardo, del Partido de la Liberación Dominicana, y aprobado de urgencia en marzo pasado por la Cámara de Diputados, ha ocasionado controversias en los diferentes sectores debido a que consideran que vulnera los derechos de los trabajadores.
El problema está en que en el capítulo 3, artículo 6 del literal D, el proyecto propone “la exención del pago del auxilio de cesantía y preaviso a la terminación del contrato de trabajo (que es por un año)”.
El secretario de Trabajo, Max Puig, se opone al proyecto y considera que su aplicación contradice al Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la ley que crea al Infotep (Instituto de Formación Técnico Profesional), así como convenios internacionales suscritos por el país.
Puig deplora la pieza porque favorece la inserción de jóvenes en el mercado laboral sin el disfrute de los beneficios conquistados por los trabajadores, lo que vulnera sus derechos. Por esto pide al Senado que descarte el proyecto o lo modifique.
“Si el empresariado esta consciente de eso y si las centrales de trabajadores están en desacuerdo, lo que debe hacer el Senado es descartar ese proyecto o modificarlo en sus aspectos fundamentales”, dijo el funcionario.
El sector empleador también está en desacuerdo con este proyecto y mediante una carta remitida a la Secretaría de Trabajo, para que la hiciera llegar al Congreso, propuso que se desestimara en su totalidad.
Maribel Gassó, presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), dice que el sector está claro y consciente de que se debe fomentar el primer empleo, pero no en las condiciones que establece dicho proyecto de ley.
El sector sindical se opone “total y absolutamente” a que el Senado lo apruebe porque excluye a las empresas del cumplimiento del Código de Trabajo al exonerarlas de los beneficios que por ley le corresponden a los trabajadores sean jóvenes o viejos, y de la responsabilidad de seguridad social.
Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), explica que en el país existe una ley establecida en el Código que incluye los contratos de aprendizaje donde se le exige como requisito a los patrones el pago del salario mínimo para los jóvenes pasantes, pero sin negarle los derechos que le corresponden como trabajadores, “que son sagrados”.
“Esa ley implica una revisión del Código y un retroceso que provocaría que al 20% de la empleomanía de una empresa, con el pretexto de que son jóvenes, se les niegue todos sus derechos”, advierte el dirigente sindical quien agrega que se está llevando a la juventud a trabajo precario y sin derechos.
El conceptoEl proyecto Pimer Empleo está dirigido a jóvenes de República Dominicana de entre 18 a 30 años para reducir la alta tasa de desocupación y consiste en que se le otorgue trabajo a esta población en las empresas durante un año, con un sueldo que no sea inferior al salario mínimo (RD$4,500) y que además se les posibilite la formación técnica en áreas determinadas.
Sin embargo, no obliga a las empresas al pago de cesantía y preaviso (remuneración por despido) una vez que se termine el contrato de trabajo.
Pero especifica que si es contratado de forma permanente entonces regirán las leyes de trabajo establecidas en el país.
También propone que el porcentaje de contratados no debe exceder el 20% del total de trabajadores de la empresa y que sólo podrá incrementarse hasta un 10% adicional única y exclusivamente para agregar a personas jóvenes discapacitadas.
ObjetivosLa finalidad de este proyecto de ley es promover el desarrollo socioeconómico y humano de la juventud dominicana para facilitar su incorporación al mercado laboral y al sistema productivo nacional y fomentar una adecuada relación entre la oferta formativa y la demanda del mercado.
Además, contribuir con la formación y capacidad laboral vinculada a los procesos productivos como mecanismo para el mejoramiento del empleo y dotar a los jóvenes de una formación que desarrolle capacidad para el trabajo y emprendimiento, según establece el proyecto en su artículo 1. Su aplicación comprende a las empresas privadas y al Estado.
Pese a estas bondades, los diferentes sectores y juristas que tratan el tema laboral rechazan el proyecto porque viola los derechos de los trabajadores.