El vicepresidente Rafael Alburquerque afirmó que detrás de las críticas que hace la “sociedad civil” a los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora se esconde el interés de desacreditar la clase política con el objetivo de que sea un segmento de esas organizaciones las que decida y determine las actividades políticas en el país.Subrayó además que con las críticas, la sociedad civil busca amarrarle las manos al Presidente de la República y crear un Estado desacreditado.
Alburquerque dijo estar sorprendido por la desorientación que está llevando a la población la “sociedad civil” con sus críticas y denuncias a la Asamblea Nacional Revisora cuando su función debería de ser de orientadora y educadora.
Citó como ejemplo el estar pregonando que en la nueva Constitución a las personas se les ha limitado el derecho a las playas, ríos y lagunas, cuando lo que se ha hecho en verdad es darle rango constitucional al acceso público y a la servidumbre.
Afirmó que lo que se ha hecho al establecerse el acceso público a las playas, es que también se ha garantizado el respeto a la propiedad privada.
Al comparecer como invitado al programa Matinal 5, que conduce Persio Maldonado por Telemicro, Alburquerque manifestó que también la “sociedad civil” desorienta cuando habla de que en la reforma a la Constitución los asambleístas disminuyeron los derechos colectivos o difusos.
Explicó que algunos términos que estaban en el anteproyecto como derechos difusos fueron quitados porque no expresaban ningún sentido o no existen como tal y citó como ejemplo el derecho a la paz o el derecho al desarrollo tecnológico.
“Con estas críticas lo que se busca es desacreditar la clase política y de que sea un segmento de la sociedad civil a que decida y determine aspectos importantes de la sociedad”, expresó.
Alburquerque dijo que otro escándalo sin sentido que ha armado a la “sociedad civil” ha sido el relativo al Ministerio Público, al desconocer que el Ministerio Público es el representante del Estado ante la sociedad y por ende su designación debe ser una facultad del Poder Ejecutivo.
Dijo que por lo menos los cabezas del Ministerio Público en cada jurisdicción deben ser designados por el Poder Ejecutivo, aunque indicó que sus ayudantes y demás personal tendrá que ser escogido de la carretera de la judicatura.
Alburquerque subrayó que siempre ha sido partido de la “sociedad civil”, la cual ha contribuido con el fortalecimientos de varios aspectos de la sociedad como son sus aportes al Programa de Solidaridad, pero afirmó que ésta no puede ser utilizada para desorientar ni confundir a la población.
Favoreció que sea revisado el artículo que faculta al Congreso a juzgar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que esa es una facultad del Consejo Nacional de la Magistratura.
Consideró que la Constitución que saldrá de la Asamblea Revisora será una Constitución de avanzada, con vínculo, incluso, a la Constitución de 1963.
Asimismo, manifestó que el tribunal constitucional que será aprobado en la Asamblea Revisora, sólo conocerá de la inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y de algunas otras normativas, pero nunca abordará la inconstitucionalidad de una sentencia.
Aclaró que también la Suprema Corte de Justicia podrá conocer de un recurso de inconstitucional, cuando se haga por la vía de la excepción, esto es, cuando en la demanda, el demandado alegue que la ley en que se basó el demandante para hacer la misma es inconstitucional.
Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, Alburquere reveló que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura serán ocho, con la incorporación del Procurador General de la República.
