SANTO DOMINGO.- Diversos sectores de la sociedad consideraron ayer que el retiro de la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional a Luis Inchausti y demás implicados en el expediente sobre el supuesto fraude en el manejo del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) revela “la voluntad de impunidad” que existe desde el gobierno, lo que causa, además, el acrecentamiento de la corrupción administrativa.
Sobre ese tema se pronunciaron el subdirector de la Dirección de la Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla; el secretario general del Partido Revolucionario Dominciana (PRD), Orlando Jorge Mera; y Fidel Santana, secretario general del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
Santana dijo que la decisión de la fiscalía es una reiteración de la voluntad de impunidad que a su juicio existe en el gobierno de Leonel Fernández.
Indicó que ha habido un proceso paulatino de enterrar casos de corrupción de distintos gobiernos, tanto en el de Fernández e Hipólito Mejía.
“No ha habido un solo acto serio para enfrentar el dispendio y el desorden que ha habido con los fondos públicos”, expresó.
Dijo que el caso PEME comprobaba el uso de más de RD$1,000 millones para supuestamente repartirlos entre grupos delicuenciales y en el que se evidenció que se violentaron todas las normas administrativas. http://www.listindiario.com.do/
Sobre ese tema se pronunciaron el subdirector de la Dirección de la Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla; el secretario general del Partido Revolucionario Dominciana (PRD), Orlando Jorge Mera; y Fidel Santana, secretario general del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
Santana dijo que la decisión de la fiscalía es una reiteración de la voluntad de impunidad que a su juicio existe en el gobierno de Leonel Fernández.
Indicó que ha habido un proceso paulatino de enterrar casos de corrupción de distintos gobiernos, tanto en el de Fernández e Hipólito Mejía.
“No ha habido un solo acto serio para enfrentar el dispendio y el desorden que ha habido con los fondos públicos”, expresó.
Dijo que el caso PEME comprobaba el uso de más de RD$1,000 millones para supuestamente repartirlos entre grupos delicuenciales y en el que se evidenció que se violentaron todas las normas administrativas. http://www.listindiario.com.do/
