El director general de Aduanas afirmó hoy que el lavado de activos constituye un crimen internacional, mediante el cual se esconde el dinero mal habido, conseguido a través de actos de corrupción o ventas de drogas y sostuvo que esa práctica se ha convertido en el flagelo que más motiva la acción judicial en América Latina.
El licenciado Miguel Cocco hizo la afirmación luego de firmar un convenio con el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, mediante el cual la DGA se compromete a proporcionar al Ministerio Pública informaciones que permitan dar seguimiento a los casos en los cuales se sospeche de la presencia de lavados de activos.
Cocco resaltó que el convenio, firmado en la sede de la Procuraduría, permitirá la prevención, control y persecución del lavado de activos, cometidos a través de los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos del país.
En opinión de Cocco América Latina es el continente que ofrece mayor campo a la permisibilidad de la inversión, motivado en que la estructura y la tradición judicial no están acostumbradas a este tipo de delito. Manifestó que la DGA tiene muchos elementos que aportar a la Procuraduría General de la República, por medio de informaciones que ayuden a fortalecer la lucha contra este delito.
Expresó que aduanas confisca anualmente grandes cantidades de dinero a personas que no lo declaran ni pueden explicar su procedencia, pero que la acción no debe quedarse ahí, por lo cual el acuerdo permitirá dar continuidad al proceso de la investigación a fin de establecer de dónde proviene ese dinero.
Cocco mostró satisfacción por los esfuerzos que viene haciendo la Procuraduría General de la República para combatir el lavado, expresando que se trata de un crimen que se comete de manera consciente y donde se emplean –para su consumación– los más modernos avances tecnológicos, tanto parra el traspaso del dinero como en su entrada física al país.
Sostuvo que la mayor cantidad de dinero entra de manera electrónica, forma en que muchas veces no deja rastros, y que en esos casos la Procuraduría General de la República juega un papel de primer orden, a través del seguimiento que le dé a los casos.
Precisó que Aduanas proporcionará todas las informaciones de que disponga a la Procuraduría General de la República a fin de que este organismo dé seguimiento oportuno a esos casos y pueda establecer la procedencia del dinero y la red por las cuales atraviesa para su lavado.
Además del intercambio de informaciones para el combate del lavado de activos, el acuerdo establece la creación de programas de capacitación destinados a formar el personal de ambas entidades para enfrentar de manera más efectiva el lavado de activos.
También establece las coordinaciones necesarias para la realización de investigaciones conjuntas en materia de financiación del terrorismo, las cuales estarán a cargo de la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos y la Unidad de Inteligencia Aduanera de la DGA.