La Cámara de Diputados aprobó hoy, en primera lectura, un proyecto de ley que busca proteger a los funcionarios y empleados públicos y privados, que denuncien actos de corrupción en el gobierno, el Congreso Nacional y los ayuntamientos.
La iniciativa aplicará para quienes participen en investigaciones relacionadas con la corrupción administrativa.
Contempla mantener el anonimato, el puesto de trabajo y los derechos de la carrera administrativa, e impedir medidas disciplinarias, suspensión del empleo, destitución y traslados.
La iniciativa fue presentada por el diputado Julio Horton y figuran como co-proponentes Minou Tavárez Mirabal, Carlos Peña, Yudelka de la Rosa, Alejandro Montás, Walter Encarnación, Elpidio Báez, Angel Gomera Tulio Jiménez y Pelegrín Castillo
El diputado Horton aclaró que también se contemplan sanciones para los servidores públicos que hagan denuncias falsas o difamatorias.
Uno de sus artículos establece que la aplicación de las medidas de protección deberán emitirse en un plazo que no exceda los tres días, contados a partir de presentada la denuncia.
Incluye que todo funcionario o empleado que viole cualquiera de las disposiciones de la legislación, incurrirá en delito grave y será sancionado con el pago de cinco salarios base de su pago y/o pena de reclusión por término fijo de dos años.
"De mediar circunstancias agravantes, la pena fija podrá ser aumentada hasta cinco años y en circunstancias atenuantes ser reducida a un mínimo de dos años", explicó Horton
Agrega que el empleo o funcionario público denunciante, querellante o testigo que suministre información o testimonio sobre actos impropios e ilegales, a sabiendas de que los hechos que describe son falsos, o difamatorio, infundados o frívolos, será sancionado con una multa no menor de 10 salarios de su sueldo ni mayor de quince salario base, y prisión de tres a cinco años.
Horton destacó que en la medida en que proyectos como este busquen consenso de todas las fuerzas políticas, el país podrá avanzar en materia de gestión pública.