Mil 440 asesinatos en el 2008, 397 lo han cometido delincuentes y 943 ciudadanos comunes

En lo que va de año se han producido en el país unos mil 440 asesinatos, de los cuales 397 son cometidos por delincuentes y 943 por ciudadanos comunes, según datos estadísticos dados a conocer hoy por el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier.
El funcionario dijo que lo lamentable de la situación es que las víctimas son jóvenes de 18 y 34 años, en un 58.4% y que en un 62.5% se producen de 6 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a jueves el 55.2%. Indicó que los hombres es el porcentaje mayor, con un 92.6%, en tanto que las mujeres equivalen a un 7.4%.
Manifestó que los hechos de violencia se producen con armas de fuego en un 66%, en casi su totalidad con porte y tenencia legal, poniendo como ejemplo que en el mes de julio se produjeron 145 muertes con armas de fuego, 48 con armas blancas y 26 con otras objetos. Explicó que en el país hay 600 centros de diversión y 65 mil colmadones y colmados.
Almeyda Rancier dio a conocer las estadísticas durante un encuentro con todos los gobernadores provinciales del país, con quien trató sobre la reevaluación general del Plan de Seguridad Democrática, la ampliación y puesta en ejecución de la segunda etapa del plan y el Consejos de Desarrollo Provincial y Municipal.
Manifestó que cuando se le atribuye la exclusividad de los crímenes a la delincuencia se está partiendo de una premisa falsa, porque la violencia en la sociedad es la principal victimaria de sus jóvenes.
Dijo que esa situación lleva a las autoridades a adoptar mayores medidas sobre el control de armas, así como reducir los espacios nocturnos que inducen a la violencia y realizar una campaña nacional sobre la violencia. “La juventud masculina de nuestra sociedad está siendo afectada por ella misma y a eso debemos darle persuasivamente una solución” expresó el coordinador del Plan de Seguridad Democrática que lleva a cabo el Gobierno.
Sostuvo que darle término a esa situación de violencia es una tarea más de la Policía y el Ministerio Público, de las instituciones, el Gobierno y de la sociedad en general, que puedan adoptar medidas que permitan bajar esos niveles de violencia.