El Circulo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, CIJUPD, respaldo la inversión de recursos provenientes de la aplicación de la ley 50-88 y la ley 72-02, que especializa la distribución de esos recursos, a juicio del presidente de la entidad antidroga Occesit Abus Santiago, el 30% de los reclusos que se encuentran en los centros de reclusión están vinculados a casos de drogas.
“Respaldamos la labor encaminada por el máximo representante del ministerio publico Dr. Radhames Jiménez Peña, quien se ha empeñado por el adecentamiento del sistema penitenciario, logrando en los centros del nuevo modelo penitenciario, auxiliar a los adictos a las drogas que allí se encuentran”.
El respaldo a las acciones del Procurador General de la República se producen, tras el anuncio de un grupo de organizaciones que al igual que CIJUPD, desarrollan acciones tendentes a prevenir el consumo de drogas y en el tratamiento de adictos a sustancias psicoactivas, cuyos representantes giraron una visita a la presidenta del Concejo Nacional de Drogas, Dra. Mabel Feliz Báez.
La entidad que desarrolla diversos programas de prevención rechazo la amenaza de sometimiento a la justicia del procurador, por entender que es precipitada, así como los términos empleados por sus homólogos, quienes señalaron que “el Procurador General de la República, Dr. Radhamés Jiménez Peña, ha pretendido apropiarse de los fondos generados por la ley en el denominado “Caso Quirino”, usando Insospechados e ilegales argumentos, que han sido rechazados por la Presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Dra. Mabel Feliz Báez, el Asesor Presidencial para temas de drogas, el Dr. Marino Vinicio Castillo, Vincho, así como por innumerables personalidades (muchos de ellos abogados, incluso del mismo entorno del Procurador), directores de medios de comunicación, y comunicadores en general”.
La posición asumida por entidades hermanas, más que bien le hacen un flaco servicio a la lucha, en razón de que los indicados recursos, no han sido malversado, sino que han sido utilizados en inversiones que contribuyen a la lucha contra la criminalidad, que culmina con la reclusión, que en modelo tradicional lo devuelve a la sociedad en peores condiciones a las que tenían al entrar a un reclusorio, muestra de ello se evidencia en los once centros del nuevo modelo y el que sumara doce próximamente en moca, que nada tiene que envidiarle a centros de países desarrollados.