CDP y SNTP salen al frente a interferencia de funcionoarios sobre libertad de expresión

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) fijaron posición tras analizar varios casos relacionados con interferencias a la libertad de expresión.

El texto del documento:
“El CDP y El SNTP presentan las conclusiones de sus indagatorias sobre denuncias de presiones contra el ejercicio del periodismo en el país.
Recientemente periodistas han denunciado ante el CDP y el SNTP agresiones al libre ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión, lo que nos motivó a preocupación, por lo que asumimos la responsabilidad de investigar cada uno de los casos recibidos con el propósito de edificar el país.
Es importante destacar que en medio de una campaña electoral se redimensionan contradicciones existentes, y a la vez se reduce el nivel de tolerancia que debe siempre imperar frente a un ejercicio periodístico crítico, máxime si existen contradicciones previamente registradas y no resueltas por la vía de un diálogo en el cual las partes aporten su granito de arena para la solución del problema.
El CDP y el SNTP consideran que el rol de funcionario público implica el derecho de la prensa al cuestionamiento público de sus actuaciones, sin que por ello se considere que el enfoque constituya un ataque personal o difamatorio.
Vista la Constitución de la República que establece en su Artículo 6, Sección 1, Título II, “Toda persona, podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión gráfico u oral.

Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se podrán poner las sanciones dictadas por las leyes”.
Visto el Código de Ética del Periodista, en su capítulo 1, Artículo 1:
“Como el periodismo es un servicio de interés social y la información un bien común, la Ley No. 6132, que regula la Libertad de Prensa y Expresión y que garantiza el libre ejercicio del derecho de los y las periodistas al ejercicio de un periodismo objetivo y crítico, desarrollado con los más altos estándares de calidad profesional.
Vista la Ley No 1091 de fecha 7 de mayo de 1991, que constituyó el Colegio Dominicano de Periodistas, y que establece en el acápite D del Artículo 3 que define sus objetivos: “Defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la forma en que se garantiza en la Constitución de la República y aquellos instrumentos internacionales ratificados por el país”.
Visto el Código de Ética de las y los Periodistas Dominicanos, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del CDP, el 16 de abril de 1994, y que establece en su Capítulo I, artículo 1: “Como el periodismo es un servicio de interés social y la información un bien común, el periodista asumirá como su primer deber y derecho, la defensa de la libertad de prensa y se comprometerá a ejercer la profesión con plena conciencia”.Y el Acápite 5:
“El o la periodista está en el deber de denunciar todos los actos dirigidos a violentar el derecho a la libertad de información y la libertad de expresión de los dominicanos”.
Vistas las denuncias hechas por los periodistas: Nuria Piera, Manuel Quiterio Cedeño, Miguel Franjul y Carlos Mercado en las que dan a conocer presiones y agresiones al ejercicio profesional por el secretario de Estado de Turismo, licenciado Félix Jiménez, el procurador fiscal del Distrito Nacional, licenciado José Manuel Hernández Peguero, el Gobierno y el ayudante del procurador fiscal Adolfo Féliz.
Visto el comunicado ofrecido en rueda de prensa por este Colegio Dominicano de Periodistas, de fecha 22 de enero, en el que anunciamos que investigaríamos las denuncias presentadas.
Visto 12 artículos de opinión firmados por el periodista Manuel Quiterio Cedeño, publicados en el diario matutino El Caribe entre los meses septiembre de 2007 y febrero del año en curso en los que ofrece enfoques críticos sobre el turismo en la República Dominicana.
Vista la carta de renuncia del licenciado Miguel Franjul como director del Listín Diario, en la que expresa que dimite por presiones del gobierno para que fuera cancelado y que habrían sido ejercidas sobre los propietarios de ese medio de comunicación. Vista la comunicación enviada al CDP y al SNTP por el licenciado José Manuel Hernández Peguero, procurador fiscal del Distrito Nacional, de fecha 23 de enero del año en curso, en la que rechazaba las imputaciones, proclamaba su respeto por el trabajo de los y las periodistas y se mostraba abierto a la indagación que anunció el CDP. Y vistos los resultados del encuentro sostenido en su despacho por dirigentes de estas entidades gremiales.
Vista la comunicación que envió el Sr. secretario de Estado de Turismo, licenciado Félix Jiménez a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, de fecha 17 de diciembre del 2007, en la que inquiere a sus directivos establecer si los criterios del periodista Quiterio Cedeño responden a la posición de la entidad empresarial, pese a que aparecen firmados únicamente por la persona de Quiterio Cedeño.

El licenciado Quiterio Cedeño es actualmente asesor de comunicaciones de Asonahores y tiene cerca de 20 años analizando la situación del turismo en la República Dominicana.
Visto el resumen de la reunión entre la comisión del Comité Ejecutivo del CDP y el SNTP con el procurador fiscal del Distrito en su despacho en la que nos ofreció su versión de los hechos en relación a Nuria Piera y el caso del Sr. Iván Cech, extraditado a Canadá por solicitud de esa nación.
Visto el resumen de la reunión entre la comisión del Comité Ejecutivo del CDP con el Sr. secretario de Estado de Turismo, licenciado Félix Jiménez, durante la cual nos ofreció sus criterios en torno a la denuncia del licenciado Quiterio Cedeño, en el sentido de sentirse perseguido por el primero por la publicación de sus artículos semanales en el diario El Caribe.
Vista la no obtención, por razones atendibles, de una entrevista con los propietarios del Listín Diario y con el director de Prensa del Palacio Nacional, licenciado Rafael Núñez, en relación con el caso del licenciado Miguel Franjul.
Vista la denuncia presentada al CDP por Carlos Mercado, del programa Desde el Estrado, en el sentido de que fue detenido, esposado e impedido de cubrir periodísticamente un descenso judicial que se realizaba el martes 5 de febrero en la calle Canoabo No.-9 del sector de Gazcue, con el uso de la fuerza y la incautación de dos cámaras de video, supuestamente por órdenes del procurador fiscal adjunto Adolfo Féliz, las cuales fueron intervenidas para borrar su contenido y devueltas al día siguiente.
Pasa a la página siguiente

Vista la denuncia de la Filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Nagua en el sentido de las amenazas de muerte contra el periodista Johnny Alberto Salazar, residente en dicha provincia, por parte de sectores vinculados al narcotráfico, que incluyen la amenaza de incendiar la estación Vida FM, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Y tras analizar las denuncias, las cartas remitidas en un sentido y en otro y el resultado de las entrevistas con los periodistas afectados, comunicamos a la opinión publica nacional las siguientes conclusiones:Primero: Consideramos que en el país existe, en general, libertad para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, al tiempo de reconocer que existen funcionarios, grupos y personas en la sociedad que al no comprender y/o respetar el rol del periodista intentan limitar con sus actitudes, amenazas y agresiones dichos derechos; sin que esto implique necesariamente una línea gubernamental definida contra la libertad de expresión.Segundo: respaldamos el ejercicio profesional de los periodistas Nuria Piera y Manuel Quiterio Cedeño; dejando abierto el caso de Miguel Franjul por no obtener la visión de las partes denunciadas y a continuación veamos cada uno de estos casos:1- Caso de Manuel Quiterio Cedeño y el secretario de Estado de Turismo: El CDP, El SNTP y Adompretur nos permitimos respaldar el derecho del periodista Manuel Quiterio Cedeño a expresar los puntos de vista que considere sobre el tema que más conoce y sobre el cual ha escrito por años, siendo además profesor universitario del área y fundador de la primera oficina de comunicación especializada en el tema (Cicom).

Y ese derecho a opinar lo ha ejercido mediante trabajos firmados a su nombre sin referencia alguna a Asonahores o a otras entidades del sector.

La carta enviada por el Sr. secretario de Estado de Turismo, licenciado Félix Jiménez, a Asonahores aunque no expresa directamente ninguna sugerencia en contra de Quiterio, lo consideramos como un acto de intolerancia, ya que el funcionario es supervisor de los hoteles, y la relación supervisor-supervisados lo coloca en una postura de fuerza para presionar a los hoteleros.

Al Sr. secretario de Estado de Turismo solicitamos un listado específico de “las mentiras “que dice lanza el Sr. Quiterio en sus trabajos de opinión, relación que nunca nos llegó.

También puede ser oportuna la ocasión para, posteriormente, desarrollar un panel en el cual los participantes – todos con el mismo derecho a exposición- planteen su postura sobre el tema del turismo en la complejidad técnica de esa actividad y cuyas estadísticas se prestan a que cada quien las enfoque desde su óptica.

Entendemos que sus posiciones técnicas, políticas y estadísticas pueden desarrollarse perfectamente desde el punto de vista profesional sin tener que afectar el plano personal, por lo que hacemos un llamado a la tolerancia.2- Caso de Nuria Piera-procurador fiscal del Distrito: consideramos que el licenciado José Manuel Hernández Peguero desarrolló una actitud de poca tolerancia y no manejó correctamente la entrevista que le concedió, permitiendo que la misma derivara en un enfrentamiento personal.

Nuria Piera aún no ha presentado su enfoque sobre la extradición del ciudadano canadiense Iván Cech, porque según informo al CDP no ha concluido la investigación.

Reconocemos el derecho que tiene el licenciado Hernández Peguero a presentar su versión del hecho sin tener que intimidarla vinculándola con el narcotráfico, so pena de establecer un negativo precedente que limitaría a otros periodistas a tratar el tema por el miedo a ser etiquetados como relacionados con esa actividad delincuencial.

Entendemos que puede ser muy útil una labor de concienciación sobre las características y la magnitud del problema del narcotráfico en el marco del ejercicio del periodismo, para lo cual estamos dispuestos a participar en cualquier evento educativo destinado a los y las periodistas.3- Caso Miguel Franjul: nos permitimos, dejarlo abierto hasta conseguir reacciones y explicaciones más profundas de parte del Gobierno y los propietarios del Listín Diario. 4- Caso Carlos Mercado- procurador adjunto: nos permitimos advertir que ningún funcionario judicial puede impedir el trabajo de la prensa y llamamos al procurador fiscal del Distrito Nacional que investigue esos hechos y sancione a los responsables del trato indebido y la incautación del equipo de trabajo (Cámara de TV.), en el que el contenido fue borrado.5- Caso de Johnny Alberto Salazar: amenazado de muerte por sectores vinculados al narcotráfico según denunció, demandamos la protección de él y sus familiares por parte de la Policía Nacional, habida cuenta de precedentes lamentables como el del asesinato del periodista Juan Andújar.
Ante lo expuesto más arriba el CDP y el SNTP reiteran su llamado, formulado en nuestra pasada rueda de prensa, para que los y las periodistas ejerzan como siempre su labor con dignidad y ética profesional, independientemente de las pasiones e intereses que despierta la política en medio del proceso electoral; al tiempo de rechazar los intentos de quienes pretendan comprar sus conciencias.
El CDP y el SNTP reiteran que no sirven a los fines de ninguna institución política o social en particular y que a nuestras oficinas tiene el derecho de llegar toda persona u organización comunitaria, privada o pública, a presentar los casos que consideren atentan contra la libertad de expresión, sin que ello implique compromiso partidario o político de nuestro gremio.
Esta es una institución profesional de puertas abiertas, con metas y objetivos definidos, dispuesta a velar por la validez del ejercicio de la libertad de expresión y difusión del Pensamiento, al tiempo de ratificar dicho compromiso.” CDP y SNTP13 de febrero 2008.