El senado envió a estudio un proyecto de ley que creará la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA), como institución moderna que garantice la puesta en marcha de un programa de desarrollo de infraestructuras hidráulicas de corto, mediano y largo plazos, a fin de ofrecer al país seguridad de la disponibilidad de agua presente y futura.
Con el proyecto, presentado por el senador Adriano Sánchez Roa, se posibilitará la inversión privada y los recursos financieros provenientes de los usuarios, en la construcción, mejoramiento y ampliación de las infraestructuras hidráulicas, debido a que en la actualidad el país dispone en embalses y lagunas, de sólo el 8.8% de la superficial y el 17.9 % de la demanda total de agua.
Sánchez Roa dijo que con la iniciativa se persigue ampliar los rendimientos de los sectores productivos nacionales, posibilitar una mejor salud y la preservación de los recursos naturales, en una visión que se adelanta a las situaciones críticas que podrían venir con el crecimiento nacional de la demanda de agua.
Se trata de una entidad que sustituiría la Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para pasar a ser el centro de la preservación y disponibilidad del agua, a fin de que las entidades sectoriales puedan contar con mayor cantidad y calidad, en un esquema de eficientización del uso, con la participación activa y consciente de los usuarios.
Sánchez Roa manifestó que el presidente Leonel Fernández está laborando para que los dominicanos garanticen un futuro hídrico sin trauma, es decir, que se genere más energía, se irrigue mas tierra y cada vez mas el agua llegue a los hogares del país.
En el proyecto se señala que el país está obligado al manejo racional y sostenible del agua, que como promedio per-cápita casi duplica la disponibilidad existente en los países desarrollados, pero que aquí faltan infraestructuras, planes de preservación y lograr que los nuevos planes se conviertan en una responsabilidad de toda la sociedad.
El senador fronterizo reveló que el proyecto contó con los estudios, análisis e investigación del INDRHI, que después de 15 años de esfuerzos hacia una ley de aguas, ahora se ha logrado el interés de senadores y diputados, y de asesorías de países que están a la vanguardia como Brasil, México, Panamá y otros.
Resaltó el trabajo que realiza el actual director del INDRHI, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, en aras de organizar un plan nacional hídrico que aproveche, en forma racional, y en cantidades el agua para el riego agrícola, la energía, industrial y potable, "porque perdemos tanta agua que cae, haciéndonos falta"
La pieza enviada a la comisión de recursos naturales y medio ambiente, indica "que el uso racional, equilibrado y sustentable del agua obliga prever la demanda y la disponibilidad futuras, a fin de elaborar los planes de desarrollo y aprovechamiento pertinentes, en el marco de un Plan Hidrológico Nacional, lo que exige la creación de un contexto institucional capaz de responder con dinamismo y efectividad, a las necesidades de una sociedad y naturaleza cambiantes"
"Se trata de un marco general que persigue enfrentar el deterioro de la calidad del agua, atender la creciente demanda de la población, controlando los efectos nocivos de la contaminación, en una administración racional, eficiente y coordinada de dicho recurso, de manera que haga sostenible su explotación, uso y aprovechamiento", manifestó Sánchez Roa
El Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA), estará integrado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo preside; los secretarios de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo, Agricultura y el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).
Además, del director de la Empresa Generadora de Hidroelectricidad Dominicana (EGEHID); el Presidente del Consejo Nacional de Regantes, dos representantes del sociedad civil organizada, designados por el Poder Ejecutivo; y el Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA), quien fungirá como Secretario del Consejo.
En uno de sus considerando, el proyecto añade que el agua es un recurso natural, renovable, limitado, insustituible e indispensable para el desarrollo de la vida y de todas las actividades económicas, sociales y culturales que realiza el hombre, por lo que corresponde al Estado su dominio, incluida la planificación, administración, control, conservación y protección.